Sindicatos, entidades sociales y vecinales y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han presentado este miércoles en Barcelona la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Congreso regule la dación en pago con efectos retroactivos, parar los desahucios y establecer alquileres sociales.

La ILP ha sido impulsada por la PAH, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, los sindicatos UGT y CCOO, el Observatorio DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) y la Confederación de Asociaciones de Vecinales de Cataluña (CONFAVC).

Los promotores de la iniciativa, aceptada por la mesa del Congreso, tienen de plazo hasta el 31 de octubre para recoger un mínimo de 500.000 firmas, aunque los impulsores esperan que sean millones "porque se trata de un clamor popular para parar esta barbarie", ha señalado la portavoz de la PAH, Ada Colau.

Entre 2007, cuando se inició la crisis y explotó la burbuja inmobiliaria, y 2011, se han producido 349.438 ejecuciones hipotecarias en España, y son las comunidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las más afectadas.

Los impulsores de la ILP quieren cambiar una legislación hipotecaria que han calificado de "anómala y perversa" y han recordado que esta modificación ya se está reclamando desde los ámbitos judiciales, con sentencias que favorecen a los inquilinos que no pueden pagar las hipotecas, o desde los ayuntamientos, que están aprobando mociones en este sentido.

La ILP, que sólo se refiere a la vivienda habitual, quiere "frenar las condiciones abusivas y la especulación de la vivienda que han hecho las entidades financieras", ha dicho el secretario general de UGT en Cataluña, Josep María Álvarez, durante la presentación de la iniciativa, a la que han asistido decenas de afectados que han perdido su vivienda.

"Queremos que esta ILP sea una gran bofetada de la ciudadanía a los bancos, que son los grandes poderosos de este país, por el abuso que han hecho con centenares de familias de nuestro país", ha dicho Álvarez.

El secretario general de CCOO, Joan Carles Gallego, ha denunciado que el Gobierno "sólo ha garantizado la solvencia de las entidades financieras, pero no los derechos de las personas" y ha recordado que las personas afectadas por los desahucios pertenecen a los sectores más castigados por la crisis: las personas que han perdido su empleo.

Àngels Guiteras, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, ha explicado que la dación en pago que proponen sólo será para la vivienda habitual y que el alquiler social que debe sustituir el desahucio no deberá ser superior al 30% de los ingresos de la familia.

Guiteras ha destacado que la ley hipotecaria española "es una anomalía en el contexto internacional" donde ya existe la dación en pago y la deuda se salda con la entrega del piso y no queda de por vida para los afectados.