Sólo una de los diez testigos se personó en el juicio y negó haber sido obligada a trabajar y que el acusado le retirara el pasaporte, informa Europa Press. El padrino rumano los traía en furgoneta a cambio de 200 euros por la gasolina y actuaba de intermediaro para conseguirles trabajo en campañas agrícolas. Después, les descontaba del salario 4 euros por el transporte y 26 por alquiler de vivienda.