El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Autoridad del Profesorado impulsada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal mientras que el Grupo Parlamentario Popular no ha registrado ninguna, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Precisamente, este martes finalizó el plazo de presentación de enmiendas a dicha ley. Después de que los letrados de las Cortes las hayan revisado hoy, este jueves a las 13.30 horas será la Mesa de las Cortes quien las califique.

Los 'populares' no han presentado ninguna enmienda porque consideran que el texto elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha coloca a los profesores en el lugar que se merecen y se devuelve la autoridad a este colectivo.

Por su parte, el diputado socialista Santiago Moreno ha explicado a Europa Press que han presentado estas enmiendas con el ánimo de intentar mejorar el texto, por lo que se muestra abierto a pactar dicha Ley.

Eso sí, ha reseñado que esta iniciativa legislativa no resolverá los principales problemas de la Educación en Castilla-La Mancha, al tiempo que se ha desmarcado de la "gravedad con la que el PP" ve el hecho de que esté amenazada la autoridad del profesor. "Más amenaza suponen los recortes que está haciendo el Gobierno en educación", ha destacado.

De hecho, el socialista considera que la mayoría de las familias castellano-manchegas colaboran con los profesores en la educación de sus hijos, pero ha insistido en que el Grupo Socialista no "boicoteará esta ley e intentará llegar a acuerdos" para aprobarla conjuntamente.

Proyecto de ley

Según se desprende del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado recogido por Europa Press, los alumnos de Castilla-La Mancha o las personas relacionadas con ellos que causen alguna agresión física o moral a un profesor deberán reparar el daño moral causado mediante la "petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos",

La concreción de las medidas educativas correctoras se efectuará por resolución del director del centro educativo público y por la titularidad del centro en el caso de centros privados concertados, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales, la edad del alumno, la naturaleza de los hechos y con una especial consideración a las agresiones que se produzcan en los centros de educación especial, debido a las características del alumnado de estos centros.

El proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado fija asimismo que los alumnos o personas con él relacionadas que individual o colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, cuando no medie culpa 'in vigilando' de los profesores.

Asimismo, los alumnos, en su caso, deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.