El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha sugerido a la Consejería de Gobernación y Justicia y al Ayuntamiento de Sevilla, la adopción de medidas contra la tenencia de armas blancas entre los jóvenes, extremo relacionado con el conocido crimen que, el pasado 25 de marzo de 2011, se saldó con la muerte de un joven de 23 años durante la celebración de un 'macrobotellón' en las explanadas del Charco de la Pava, en la capital andaluza.

En una resolución emitida el pasado 29 de febrero y recogida por Europa Press, José Chamizo trata de oficio el caso relativo a la muerte de Francisco José Guerrero, un joven de 23 años de edad vecino de La Puebla de Cazalla y fallecido al ser apuñalado en un 'macrobotellón' celebrado en Sevilla el día 25 de marzo de 2011 con motivo de la 'fiesta de la primavera'. Óscar Riquelme, de 33 años, vecino de San Juan de Aznalfarache y único acusado por la muerte de este joven, será de hecho juzgado por un jurado popular el próximo día 4 de mayo.

El crimen del botellón

Para él, la Fiscalía solicita 13 años de cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros a favor de la madre de la víctima, por un presunto delito de homicidio perpetrado sobre la persona de Francisco José Guerrero. La acusación particular, ostentada por la familia de la víctima, reclama un total de 20 años de prisión y la misma indemnización por un delito de asesinato.

Pues bien, en esta resolución, la institución que dirige José Chamizo advierte, con relación a este crimen, que "sucesos de esta naturaleza se vienen produciendo en nuestra comunidad autónoma con más frecuencia de la que tenemos público conocimiento, pues afortunadamente, no siempre acaban con el resultado de muerte de las personas agredidas". "En las situaciones y eventos del tipo expuestos se pueden producir graves riesgos para la seguridad pública y se pueden ver afectados derechos fundamentales", señala la institución.

Actuaciones "en todos los órdenes"

Así, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz resolvió el inicio de "actuaciones de oficio respecto a la Dirección General de Interior Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Gobernación y Justicia", para dilucidar las "actuaciones llevadas a cabo en todos los órdenes" y en unión de otras administraciones a cuenta del riesgo implícito en la práctica del botellón. Igualmente, El Defensor del Pueblo Andaluz requirió un informe al respecto al Ayuntamiento de Sevilla.

Tras dar cuenta ambas administraciones de las actuaciones desplegadas para combatir el fenómeno del botellón, José Chamizo sugiere a la Dirección General de Interior Emergencias y Protección Civil que "proceda a la elaboración de un plan de actuación preventiva para el control de la tenencia de armas blancas y para la inspección de establecimientos autorizados para la venta y comercialización de las mismas".

Decomiso de armas blancas

Al Ayuntamiento hispalense, que ha desplegado intensos dispositivos para disolver los dos últimos 'macrobotellones' celebrados en Sevilla, Chamizo sugiere que "en el seno de la Junta Local de Seguridad, y en colaboración y coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, elabore planes de prevención, control y vigilancia tendentes a evitar riesgos de agresión entre jóvenes en las concentraciones del tipo de las descritas y denunciar la tenencia de armas blancas, requisando las mismas".