Los propietarios del grupo Jale han anunciado que presentarán una querella contra Juan José Ibáñez Fernández, consejero delegado del grupo cesado, por un posible delito de defraudación y estafa, a raíz de un acuerdo alcanzado entre este consejero y un administrador concursal, también cesado, sobre la devolución de las cantidades "cobradas indebidamente" por dichos administradores.

Según indica la empresa en una nota remitida a Europa Press, Grupo Jale presentará "de inmediato" al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz la correspondiente anulación de ese acuerdo, así como la querella contra Ibáñez al juzgado de guardia correspondiente.

Los propietarios de Jale lamentan que "en el concurso de Jale cada día aparecen más irregularidades".

Así, ha explicado que Daniel Pastor Vega, administrador concursal cesado, ha presentado ante el Juzgado de Cádiz un acuerdo que firmó el pasado mes de septiembre con el también cesado consejero delegado de Jale, Juan José Ibáñez Fernández, por el que "acordaron que los 1,2 millones que Pastor cobró indebidamente, sean devueltos en 'módicas cuotas mensuales de 15.000 euros' a partir de 2012".

Los propietarios de Jale rechazan que "lo que los administradores cobraron a golpe de 100.000 euros mensuales lo pueden devolver tres años más tarde y en cómodas cuotas, como si de un pobre trabajador se tratase, pero éstos se olvidan que tenía más de 20 concursos y casi todos millonarios".

La empresa lamenta que Ibáñez, que fue consejero de Jale "por su nefasta gestión se olvida no solo del mandato del Código de Comercio de administrar en beneficio de la empresa y de acuerdo con los propietarios de Jale, sino también que ese dinero que indebidamente salió de la masa a las cuentas corrientes de sociedades mercantiles de los administradores cesados, no ha ido para los empleados, directivos, la Seguridad Social, la Agencia tributaria, proveedores, suministradores y a bancos".

Ha recordado que las entidades financieras "al no recibir sus cuotas de hipoteca han ejecutados fincas, con grave daño a Jale y sus acreedores".

"Ibáñez, en lugar de exigir el inmediato cobro, según ordenó el juzgado, se dedica a poner palos en la rueda de la delicada tesorería de Grupo Jale, para abocarla a la liquidación", lamenta la empresa.