El Consejo Económico y Social (CES), ultima en estos momentos el dictamen sobre la ley que recogerá las medidas de ajuste preparadas por el Gobierno de Cantabria, que incluye, entre otras, la desaparición de este órgano consultivo del que forman parte patronal, sindicatos y profesionales de prestigio..

La Comisión de Economía se reunió la pasada noche durante casi cuatro horas para analizar el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.

Un documento que persigue hacer frente a la situación financiera de la comunidad, para lo que contempla medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, la reducción a la mitad de las empresas públicas, la supresión de los consejos asesores (CES, Mujer y Juventud), la reducción de diputados de 39 a 35, y modificaciones en las condiciones laborales de empleados públicos, entre otras.

El CES debe elaborar un dictamen para cada una de las leyes que prepare el Gobierno cántabro, y en este caso lo ha tenido que hacer por el trámite de urgencia —frente a los 15 días de plazo que se maneja habitualmente para los dictámenes— a petición del propio Ejecutivo presidido por Ignacio Diego.

La intención es que el Consejo de Gobierno apruebe esta semana el anteproyecto, que fue remitido a mediados de la semana pasada al CES para que elabore el dictamen, que se votará esta tarde-noche, según informaron a Europa Press fuentes del Consejo.

En el trámite de los dictámenes, tras el análisis de los componentes de las medidas, que se ha hecho entre finales de la semana pasada y el fin de semana, se procede al estudio de las mismas en la comisión correspondiente, en este caso, la de Economía.

Esa fue la reunión que se celebró ayer y que se prolongó hasta casi las doce de la noche, pues se produjo un debate "amplio" sobre cada una de las medidas propuestas, con opiniones a favor y bastantes en contra en torno a los artículos del anteproyecto.

Después, esta tarde, se producirá el debate en Pleno, donde hay más representación que en Comisión, lo que puede suponer variaciones respecto a lo debatido ayer, aunque consejeros del CES esepran que el órgano esté "a la altura de las circunstancias".

Plan de ajustes

El Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, fue presentado el pasado mes de febrero por el presidente, Ignacio Diego, para hacer frente a la situación creada en Cantabria como consecuencia de la deuda sanitaria y a la situación económica de la región, con el objetivo de obtener este mismo año un total de 157 millones de euros.

Para ello, contempla medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, la reducción a la mitad de las empresas públicas, la supresión de los consejos asesores (CES, Mujer y Juventud), la reducción de diputados de 39 a 35, y modificaciones en las condiciones laborales de empleados públicos, entre otras.

Para poder llevarlas a cabo, ya se avanzó entonces que harían falta dos leyes: una para el reconocimiento de la deuda sanitaria, cifrada por el Gobierno en 261 millones de euros, y otra para realizar las modificaciones legales oportunas para llevarlas a cabo, al estilo de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

En total, el texto supondrá la modificación de hasta nueve leyes autonómicas y la derogación de otras tres, para poder dar cobertura a las medidas que plantea el Ejecutivo regional; y la derogación de otras tres (las de los consejos asesores). NOVEDADES

Entre las novedades se encuentra la inclusión del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas aprobado en marzo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, facultando al Gobierno cántabro para que apruebe la formalización de operaciones de endeudamiento.

Se suspende la obligación de convocar concursos periódicos de empleo público, y se fija un tope salarial por categorías para las empresas públicas, que este año no podrán realizar contrataciones de personal.

En los funcionarios, a través de distintas modificaciones legislativas, se varían los criterios para conceptos como los permisos, bajas o reducciones de jornada, con los cambios ya anunciados en las jornadas de docentes o sanitarios, y se introducen criterios de flexibilidad laboral.

Además, este año no habrá contrataciones en empresas y fundaciones del sector público, en las que además se han fijado topes salariales, en función de categorías.

A estos cambios se suma la reducción al mínimo legal de delegados sindicales y la suspensión temporal de los pactos y acuerdos laborales que contradigan las especificaciones del texto