El Govern ha puesto en marcha una auditoría técnica de Recursos Humanos que afectará a más de 4.245 empleados de la Administración pública aunque ha descartado que vaya a haber más reducción de personal hasta finales de año porque ésta tiene como finalidad la "racionalización y la optimización de los servicios".

El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha anunciado en rueda de prensa que esta auditoría se hará efectiva a partir de la semana que viene y que ya ha sido anunciada a las fuerzas sindicales. La misma no afectará ni a funcionarios de Sanidad, ni de Educación, ni tampoco a las empresas públicas y estará centrada en el personal de Servicios Generales.

Según ha anunciado la directora general de Función Pública, Núria Riera, ésta se realizará con recursos propios, "por lo que no tendrá coste" y con ella se compararán los presupuestos, la carga de trabajo y las funciones que tienen a cargo el personal.

Riera ha señalado que "para finales de año" ya se podrán adoptar medidas para racionalizar los servicios debido a que "estaban no duplicados", pero sí había puestos "repetidos desde la reducción de consellerias" con el cambio de Govern.

La directora ha reincido en que con la auditoría no se busca eliminar personal, sino "reordenar" y ha descartado -tanto ella, como Gornés- que "ahora mismo se vaya a reducir más".

Tal como se ha especificado y de manera general, la auditoría pretende "mesurar el grado de equilibrio" en las estructuras organizativas, así como reorganizar de manera "estructural y funcional" las unidades administrativas con "criterios de austeridad, eficacia y eficiencia".