El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, considera "lógica" la retención de crédito de 2.696,8 millones de euros aprobada por la Junta de Andalucía, una decisión que, a su juicio, "es consecuencia de las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy".

En declaraciones a Europa Press, Carbonero ha pedido que la decisión de ajuste sobre el gasto que tenga que tomar la Junta de Andalucía "sea diferente a la adoptada por el Gobierno de España".

Por ello, tras asegurar que CCOO "va a seguir contestando a las políticas que viene aplicando Rajoy", Carbonero teme que "con toda seguridad va a suponer recortes en Andalucía, impuestos por el Gobierno de España".

Carbonero pide a la Junta que "los recortes no afecte a los derechos y al empleo y se busquen soluciones para un menor impacto posible".

El dirigente sindical ha recordado que el sindicato, junto a UGT-A seguirá "movilizándose en defensa de los derechos y en contra de los recortes y políticas que se están aplicando desde el Gobierno central, tanto el Primero de Mayo como en el resto de ese mes y en junio".

Carbonero ha insistido en que "la no disponibilidad de los 2.700 millones es una decisión lógica, habida cuenta de las políticas que esta teniendo el Gobierno central, por cómo están buscando soluciones a su problema incluso con la subida de impuestos y solo permitiendo que esa subida de impuestos recaiga en los ingresos del Estado y no repercuta en las comunidades autónomas y como sigue llevando a cabo la política de recortes promovida por la derecha europea para cumplir la obsesión de conseguir un déficit del 3,3 por ciento en 2013, algo absolutamente imposible de que se cumpla".

Tras lamentar que el Gobierno de Rajoy "esta siendo absolutamente pasivo frente a la políticas de su partido en la UE", Carbonero considera que la decisión del Gobierno andaluz "es consecuencia de una decisión del Gobierno de España". PROVEEDORES

Asimismo, sobre la presentación de la cifra de deuda a los proveedores efectuada por la Junta, Carbonero critica que el Gobierno "igual que hizo con los ayuntamientos y sus planes de pagos a proveedores, lo está utilizando como chantaje a las diferentes administraciones para hacer que recorte derechos a los ciudadanos y se deteriore lo público en favor de lo privado".

Carbonero considera que la deuda a proveedores "no es problema de la gestión de las comunidades, sino del hecho de que las políticas del Estado en relación con los Presupuestos Generales no se han ejercido como se debía y las comunidades se han visto afectadas".