En concreto, lo que se ha acordado es, según consta en documentación municipal recogida por Europa Press, ejercer la acción judicial en reclamación del cobro de la cantidad consignada por el Consorcio de Compensación de Seguros.

En total, el expediente sobre consignación judicial asciende a 392.832,68 euros.

El 3 de diciembre de 2002, a las cuatro menos diez de la tarde, un coche-bomba estacionado en la tercera planta del parking cargado con alrededor de 35 kilos de explosivo detonó, provocando numerosos daños materiales, en un atentando que se produjo cinco meses después del que afectó al edificio de Ministerios en la calle Vargas.

Una llamada al diario Gara en nombre de ETA alertó de la existencia del explosivo. El aviso se recibió en Cantabria a las 13.25 horas e inmediatamente se montó un dispositivo que permitió, con el tiempo justo, desalojar el parking y toda la zona, lo que evitó que se produjeran heridos. La bomba estalló dos minutos antes de lo previsto, de forma espontánea, no controlada.

La explosión, que se originó en la segunda de las tres plantas del aparcamiento, abrió un boquete de unos 10 a 20 metros, por el cual el vehículo explosivo cayó hasta la tercera planta lo que provocó daños a aproximadamente un centenar de vehículos de los que una docena han quedado en situación de siniestro total.

El parking tiene capacidad para 320 vehículos y en el momento de la explosión había en su interior entre 120 y 140, la mayoría de ellos en la primera planta.

La onda expansiva también provocó daños en la entrada y salida del parking si bien no causó desperfectos en su estructura.