La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha situado en revisión para una posible rebaja de hasta dos escalones de la calificación 'BBB' de Repsol tras la decisión del Gobierno de Argentina de declarar "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, según informó la agencia en un comunicado.

Fitch explica que esta decisión refleja la "incertidumbre" en torno a las implicaciones financieras que se derivarán de la expropiación de YPF, que en parte dependen de la potencial compensación que la petrolera española reciba por su participación.

Asimismo, también ve "incertidumbre" respecto a la devolución de los préstamos concedidos por Repsol al grupo Petersen para la compra de una participación del 25% del capital de YPF, que a fecha de 31 de diciembre de 2011 sumaba 1.500 millones de euros, que deben ser abonados con los dividendos en efectivo de YPF que Petersen entregará a Repsol. "El alcance de los futuros dividendos en efectivo no está claro ahora", agrega.

La agencia destaca que el rating se podría ver afectado negativamente si la combinación de las provisiones relativas a su préstamo al grupo Petersen, la incapacidad para sacar rendimiento a su 5% restante en YPF u otros aspectos del proceso de expropiación se traducen en un perfil financiero "más débil". Además, tampoco sería positivo que el dividendo en acciones propuesto no tiene éxito.

La agencia de calificación crediticia ya rebajó el pasado mes de marzo de 'BBB+' a 'BBB' el 'rating' de Repsol después de que su filial argentina YPF decidiese no repartir el dividendo en efectivo y dedicarlo a recapitalizar la empresa.

Por el contrario, Fitch mantendría sin cambios la nota de la compañía si el perfil financiero tras la nacionalización no se diferencia de forma sustancial de lo que la agencia considera coherente con su calificación. Además, aclara que futuras medidas crediticias dependerán de los posibles añadidos que se realicen al plan estratégico de la compañía el próximo mes de mayo.

Perjudicial para argentina.

Por otra parte, la agencia señala en otro comunicado que la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF se suma a la incertidumbre política que existe en el país y podría resultar "perjudicial" a largo plazo para la inversión privada.

Asimismo, esta medida también pone de relieve el "desfavorable" clima de negocios, que se caracteriza por la creciente intervención del Gobierno y la incertidumbre regulatoria. "Notamos que un alto nivel de incertidumbre política, típico en los soberanos calificados en el grado 'B' se ha incorporado en gran medida a la calificación actual de Argentina ('B')", añade.

Respecto al proceso de expropiación, destaca que seguirá vigilando los términos del proceso para ver como afecta a las finanzas públicas del país y a su flexibilidad financiera.

"La propuesta de nacionalización de YPF sigue a otras políticas intervencionistas que el gobierno ha introducido en los últimos meses. Las autoridades han impuesto controles más estrictos sobre el capital y los flujos de cuenta corriente para preservar las reservas internacionales y controlar las presiones para la depreciación de la moneda. Todas estas medidas subrayan un marco político relativamente débil, que sigue pesando sobre su solvencia soberana", incide.