El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denuncia que la mitad de las privaciones de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros españoles (CIE) no tiene "un fundamento legal", ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

Así se desprende del informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre estos 'guantánamos' a la española que este martes presentó el presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.

El informe apunta que de 16.590 personas internadas en 2009, "sólo" 8.935 fueron expulsadas. "Casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental", criticó Carnicer.

La Defensora del Pueblo alertó de que estas cifras "demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública" para la expulsión de personas en situación irregular, ya que "el porcentaje de expulsiones es bajo". Por ello, consideró que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían "revisar" los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado.

En Madrid, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha animado a los ciudadanos a denunciar ante la Policía o ante la Delegación las "redadas" contra los inmigrantes, como las denominan los colectivos y ONG en defensa de los Derechos Humanos.

Según afirmó Cifuentes, esta práctica ha sido prohibida, aunque colectivos como las Brigadas Vecinales de Observación siguen alertando de la existencia de controles que los agentes realizan, especialmente, en las grandes estaciones de transporte. Además, la gestión de los CIE sigue en el punto de mira.

Estos "centros de retención" están gestionados, al igual que el sistema de prisiones, por el Ministerio del Interior. La propia ley de creación de los CIE, que no se ha desarrollado en un reglamento de funcionamiento, subraya que no pueden considerarse como centros penitenciarios. A pesar de ello, quienes ingresan en ellos lo hacen por una falta administrativa (no tener papeles), no por un delito. Además, conviven con delincuentes comunes con causas pendientes.

Las denuncias de las ONG y los propios autos de los jueces de vigilancia del CIE (tres en el caso del CIE de Aluche en Madrid), ratifican las condiciones deficientes en las que permanecen los internos. En Madrid se ha registrado al menos una muerte. El Ministerio del Interior viene prohibiendo históricamente la entrada a la prensa a estos centros.

Cuando el juez decide la expulsión de estas personas, la Policía les lleva al aeropuerto y les sube a un avión para enviarles a su país. Ahora,  un juez ha obligado a que la expulsión sea notificada al menos con 24 horas de antelación para que el afectado pueda ponerse en contacto con sus familiares o amigos.

Para el presidente del Consejo General de la Abogacía, aunque "han cambiado muchas cosas" en la última década, en lo que "menos se ha avanzado" es en los Centros de Internamiento. En este sentido, el informe denuncia que la "arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional" en estas instalaciones policiales "vulneran los derechos de las personas internadas".

La institución exige la creación de un registro "riguroso y fiable" de quienes son privados de libertad en ellos. También, que se garanticen los derechos y libertades (incluida la asistencia letrada), así como que al cabo de diez días, el juez revise la situación del afectado. El internamiento, en todo caso, debería ser una medida "excepcional".

La Defensora del Pueblo recalcó durante la presentación del informe que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el internamiento es, precisamente, la excepción, y que la norma debe ser la multa por sanción administrativa.

En esta línea, la Abogacía exige la vuelta al máximo absoluto de 40 días de internamiento que fue ampliado a 60 durante la última legislatura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.