El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ha comprometido que, antes de que termine esta legislatura, la Xunta remitirá al Parlamento para su aprobación un proyecto de ley de publicidad institucional que establecerá "mecanismos para garantizar la transparencia y la fiscalización".

Así lo ha dicho durante una interpelación del PSdeG, cuyo portavoz en el debate, José Manuel Lage, ha recordado que esta norma estaba entre las promesas electorales del PP y que el propio Rueda afirmó que estaría lista en la primera mitad de la legislatura. Por ello, el socialista ha considerado que ya ha "faltado a su compromiso" y lo ha acusado de "acudir al pasado" y poner ejemplos del bipartito para ocultar su "incapacidad".

El conselleiro ha asegurado, en respuesta, que el Gobierno gallego mantiene un "compromiso inequívoco" para hacer esta regulación. "Es una ley necesaria y nos va a blindar frente a prácticas que no sean todo lo democráticas que el ciudadano exige", ha sostenido y ha defendido que conviene "a todos" los grupos políticos.

Rueda ha defendido que el Gobierno "tiene derecho a priorizar" y, en este caso, ha considerado que "era procedente hacer antes la ley de la CRTVG". Ha justificado de esta manera que la ley de publicidad institucional no haya sido remitida en la primera mitad de la legislatura y ha insistido en que la Xunta trabaja ahora en este texto. "Ustedes se comprometieron a hacer tres leyes —en este ámbito— y no hicieron ninguna", ha replicado y ha afirmado: "Nosotros cumplimos los compromisos".

El conselleiro ha asegurado que la nueva norma acabará "con las deficiencias de hace mucho tiempo" y se articulará en torno a cinco ejes, que son establecer el "marco general", lograr "un amplio consenso institucional", que esté adaptada a los "nuevos escenarios de los medios de comunicación", que se comprometa con el fomento de la lengua gallega y que dé "garantías de fiscalización", tanto por parte de los ciudadanos como del propio Parlamento, que recibirá una revisión semestral y un informe anual de las acciones de publicidad institucional.

Ha destacado la importancia de que se impliquen todas las instituciones y ha llamado a "todos" a trabajar "en el interés de los ciudadanos". "Como representante del Gobierno me permito convocar desde esta tribuna a las tres fuerzas parlamentarias", ha dicho, para instar a buscar un consenso.

"terminar con la discrecionalidad"

Por su parte, el autor de la interpelación, José Manuel Lage, ha reclamado un "soporte legal" para "la política de ayudas a los medios de comunicación", como "en la mayoría de los países europeos" y ha criticado que el PP rechazó en noviembre de 2010 una iniciativa para regularlas. "Ustedes no quieren regular las ayudas a los medios de comunicación", ha reprochado.

El socialista ha llamado a "terminar con la discrecionalidad en el reparto de fondos públicos" y ha urgido al Gobierno gallego a remitir el proyecto de ley. Además, ha ironizado con que se ha producido un "expediente X", puesto que hay "borradores que tienen elaborados desde antes del verano".

Eliminar la propaganda

El portavoz del BNG en materia institucional, Alfredo Suárez Canal, ha reclamado también que entre cuanto antes el texto en el Parlamento gallego, puesto que "es importante" poner fin a "la discreccionalidad en la relación con los medios y en la publicidad". En el momento actual, ha continuado, "no es tolerable que un gobierno siga destinando recursos a propaganda", aunque ha admitido que sí es necesario hacer determinadas campañas de publicidad institucional para contrataciones e iniciativas públicas concretas.

"Pero no propaganda", ha insistido y ha reclamado que la norma deje "totalmente acotado" que las instituciones públicas "no pueden destinar ni un solo euro a autobombo y propaganda política". Por ello, ha concluido que es "necesaria una norma que, de una vez por todas, regule con carácter objetivo" este ámbito.

Por su parte, el portavoz del PPdeG en el debate, Agustín Baamonde, ha pedido abordar el asunto "con rigor y autocrítica", pues en este caso "rige plenamente el mandato evangélico de que tire la primera piedra quien esté libre de culpa". El popular ha dicho que la oposición tiene "legitimidad" para proponer esta ley, pero "no autoridad moral para justificar esa petición aludiendo a una pretendida superioridad" en este ámbito.