Los dirigentes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Valladolid de PSOE, Óscar Puente, e Izquierda Unida, Manuel Saravia, han reclamado este miércoles que el Consistorio acuerde en el próximo Pleno la apertura de una Comisión Especial de Investigación sobre la situación "anómala" que se produce en el edificio de la Plaza de Zorrilla, cuyo proyecto de reposición a la legalidad ha sido anulado por tercera ocasión.

Puente y Saravia han convocado una rueda de prensa sobre este asunto en los pasillos de la segunda planta de la Casa Consistorial, ya que, como han lamentado, desde hace unos años el edificio no cuenta con una sala de prensa "neutral" en la que comparecer ante los medios de comunicación. Cuando se trata de actos independientes cada partido lo hace en sus propias dependencias de grupo.

Después del último auto del TSJCyL sobre el edificio de viviendas y oficinas en el que se ubica también la sede principal de Caja Duero en la ciudad, los dos grupos de la oposición han reclamado conjuntamente la constitución de una Comisión Especial de Investigación debido a que, como ha subrayado el representante de IU, la situación es "rarísima" y "anómala".

La solicitud se incluirá en el Pleno municipal del mes de mayo, aunque Manuel Saravia y, sobre todo, Óscar Puente, se han mostrado escépticos ante la posible aprobación de la misma. En caso de sea rechazada, los concejales han manifestado que llevarán a cabo acciones para que se "dé a conocer" por qué se ha actuado de esta manera y llamar la atención de los ciudadanos sobre un hecho "muy grave".

Saravia y Puente han recalcado que existen muchos afectados, tanto por la ilegalidad del proyecto original como por los incumplimientos de los posteriores proyectos de restitución de la legalidad; en primer lugar, los vecinos y propietarios que han visto cómo se modificaban sus viviendas u oficinas, así como otros del mismo inmueble que llevan meses soportando una interminable secuencia de obras que parece no tener fin.

Además, el representante socialista ha aseverado que, por el momento, las modificaciones llevadas a cabo como consecuencia de los distintos proyectos han supuesto "700.000 euros" que "han pagado todos los vallisoletanos", y a ello habrá que sumar las indemnizaciones a los propietarios, por lo que ha hablado de "millones de euros".

El concejal del Grupo Socialista ha recordado que "hace más de un año" señaló que el alcalde "se está burlando de los ciudadanos" con estas actuaciones, ya que ha presentado tres distintos proyectos de restitución que han sido revocados por los tribunales. De hecho, ha recalcado que León de la Riva "tiene que estar muy agradecido" porque en las tres ocasiones le han apercibido de posibles responsabilidades penales. "¿

Quién dio la orden?"

Así, Óscar Puente se ha preguntado "qué sucede" y él mismo ha dado el motivo de los posibles intereses personales "directos" del alcalde, pues su vivienda en el inmueble es "la primera que es ilegal", y, de hecho, ha destacado que la Junta de Gobierno municipal otorgó la licencia de obras un viernes y el lunes firmaba las escrituras de su vivienda.

También ha recordado que, según sus informaciones, el técnico municipal que firmó el proyecto de modificación "comparte despacho" con uno de los propietarios de viviendas en el inmueble.

Los grupos municipales de la oposición consideran que, después de la sentencia del 28 de abril de 2008 (la 728/2008) sobre las ilegalidades del edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla, que anulaba la aprobación del proyecto original; y diversos autos posteriores que requerían su ejecución (31 de julio de 2009) y declaraban la nulidad de los acuerdos de aprobación de tres proyectos sucesivos de restitución de legalidad (de 28 de julio de 2010, 15 de marzo de 2011 y 28 de marzo de 2012) es "necesario" recibir explicaciones claras y precisas de los responsables políticos de este dislate.

Pero este asunto, han afirmado, afecta, además, "a todo el vecindario" de la ciudad que "ve, atónito, cómo su Ayuntamiento se muestra incapaz de cumplir una sentencia judicial, con grave perjuicio para las arcas públicas".

Los grupos de IU y PSOE entienden que es su obligación hacer todo lo posible por delimitar las responsabilidades de todo tipo que concurran en este penoso episodio, y contribuir a que se cumpla cuanto antes la legalidad. La solicitud se ha presentado con la firma de ocho concejales —ocho del Grupo Socialista y los tres de Izquierda Unida—.

De ser aprobada su creación en el próximo Pleno, la Comisión de Investigación podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con este asunto (políticos, técnicos, vecinos o cualquier otra), y sus conclusiones quedarán plasmadas en un dictamen que se incorporará al Pleno ordinario siguiente para su debate y aprobación.