El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones ha aprobado este martes un acuerdo de "retención de crédito" para declarar "no disponibles con carácter preventivo" un total de 2.696,8 millones de euros provocado por la merma de ingresos para la comunidad autónoma en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012.

Según ha explicado en rueda de prensa la titular de Hacienda y Administración Pública en funciones, Carmen Martínez Aguayo, la cifra de 2.696,8 millones que se declaran "no disponibles" es el "resultado de las diferentes disminuciones y minoraciones de ingresos que, una vez que conocemos aunque no estén aprobados los PGE, entendemos que son ingresos que no van a llegar a la comunidad autónoma".

Tras destacar que esta medida es un "acto lógico de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad del 1,5 por ciento de déficit", Martínez Aguayo ha indicado que esta retención de crédito "tiene un carácter global y podrá concretarse por políticas a medida que el Gobierno de la Nación vaya poniendo sobre la mesa las medidas que están anunciando un día tras otro, pero cuyo alcance total concreto aún no conocemos".

Preguntada sobre si podría haber ciertas dudas "de legalidad" en la toma de una decisión de esta envergadura por parte de un Gobierno en funciones, Martínez Aguayo ha manifestado que resulta "obvio" que en el ámbito de las competencias de la Junta conocer una disminución de ingresos obliga a tomar una decisión "normalizada".

Ha apuntado que, en cualquier caso, el acuerdo es de no disponibilidad y que será el nuevo Gobierno andaluz que se constituya el que tomará las decisiones que corresponden a la "materialización concreta de cómo ha de materializarse esta no disponibilidad en cada una de las políticas que considere oportuna".

La consejera, preguntada en varias ocasiones sobre cómo esta decisión puede afectar a servicios como la sanidad o la educación, ha señalado que es obvio que una no disponibilidad de esta envergadura afecta al conjunto del presupuesto, pero para determinar cómo va a afectar a cada una de las políticas, habrá que esperar a ver cuáles son las decisiones que el Gobierno central adopta, esto es a que se aprueben de manera definitiva los PGE y a que se sepan el conjunto de las reformas estructurales que piensa llevar a cabo, mientras que sobre la mesa también hay un recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad.

En cualquier caso, ha señalado que el Gobierno andaluz va a mantener siempre una prioridad en la prestación de los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía.

"Pero esa prioridad no significa que no seamos, asimismo, responsables del cumplimiento de los compromisos en términos de estabilidad presupuestaria, que al día de hoy condicionan también esta decisión", ha sentenciado.

Martínez Aguayo, que ha señalado que el Gobierno central un día anuncia una cosa y al día siguiente otra, ha recalcado que habrá que ver el conjunto de políticas y reformas que el Estado finalmente adopte para poder conocer en qué medida se verán afectadas determinadas políticas en Andalucía.

Asimismo, la consejera ha querido dejar claro que Andalucía está a disposición de trabajar con el Gobierno central para que el impacto de las decisiones de disminución del gasto de haya que tomar no tengan que recaer en las prestación de los servicios públicos fundamentales o que al menos lo hagan en la menor medida posible.

"todo lo verdad o mentira"

Ha recordado que ella misma dijo en el Parlamento que el presupuesto andaluz que se había elaborado para este año sería "todo lo verdad o mentira que el Partido Popular quisiera porque nuestros ingresos dependen fundamentalmente de los PGE". Ha señalado que se hizo un presupuesto de acuerdo con la información que se tenía en ese momento que "era absolutamente clara y fiable" y de acuerdo con las previsiones macroeconómicas que en esos momentos daban los organismos internacionales, como también hicieron otras comunidades autónomas.

Martínez Aguayo también ha aprovechado para reiterar que las cuentas de Andalucía son "absolutamente transparentes y no hay ningún déficit oculto" y que la Junta estaría encantada de que expertos de la Unión Europea vinieran para poderles mostrar esas cuentas y que salieran de cualquier duda o de cualquier mala información que se le pudiera estar trasladando desde otras instancias.

Por su parte, la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno, ha manifestado, tras ser preguntada sobre si esta medida cuenta con el visto bueno de IULV-CA, formación con la que el PSOE-A está negociando de cara a la configuración de un gobierno de izquierda en la comunidad, que la realidad presupuestaria de Andalucía y el impacto de los PGE en las cuentas de la comunidad forma parte del diálogo entre ambos partidos.

Ha insistido además en que esta decisión "es una decisión de Gobierno que no tiene nada que ver con un acuerdo que todavía no está cerrado". "Esta es una decisión de Gobierno, lo cual es perfectamente compatible con el hecho de que la realidad presupuestaria de Andalucía y el impacto de los PGE en las cuentas de la comunidad forme parte del diálogo y la información que PSOE-A e IU venimos intercambiando en estos días", ha recalcado la consejera.