UGT ha propuesto este martes en el Parlamento vasco la creación de un Fondo de Compensación del Amianto en Euskadi como "un paso decisivo para la creación de un fondo en el ámbito estatal, que cubra las necesidades de los trabajadores afectados y sus familiares", y que sea financiado de forma proporcional por aportaciones derivadas del Estado, a través de la Seguridad Social, comunidades autónomas, mutuas y cotizaciones de empresas.

Las secretarias de Salud Laboral de UGT Confederal, Marisa Rufino, y de UGT-Euskadi, Esperanza Morales, han defendido este martes, en su comparecencia ante la Ponencia parlamentaria sobre la creación de un posible fondo de compensación del amianto, la creación de este fondo de gestión pública y con aportación mixta.

En base a experiencias en otros países, Rufino ha planteado un fondo financiado de forma proporcional por aportaciones derivadas del Estado, a través de la Seguridad Social, comunidades autónomas, mutuas y cotizaciones de empresas.

"Se trataría de un fondo que dependa de la Seguridad Social, con aportaciones económicas mixtas y participado en su representación por el Estado, comunidades autónomas, mutuas, sindicatos más representativos, empresarios y asociaciones de afectados", ha explicado.

Morales por su parte, ha manifestado que, además de las muertes de algunos de estos trabajadores y las "penosas enfermedades que pasan", es "igualmente grave las humillantes situaciones a las que se tienen que enfrentar, luchando con los organismos de la Seguridad Social, mutuas y juzgados, para que se les reconozca su enfermedad como laboral y sus derechos".

Demostrar la exposición

"Es complicado demostrar que el trabajador estuvo expuesto al amianto en empresas que ahora ya están cerradas y cuando han realizado su vida laboral en diferentes empresas", han manifestado las representantes de UGT en el Parlamento vasco que han recordado que "las mutuas y las empresas han estado muy interesadas en quitar el carácter profesional a la enfermedad, por razones de costes".

Asimismo, han advertido de que un fondo de compensación "evitaría los procesos judiciales y agilizaría y facilitaría cobrar las indemnizaciones sin tantos años de espera".

En este sentido, han defendido que es necesario apostar "más allá de buenas voluntades y aportar con recursos y medios económicos precisos, que derivarían en consecuencias positivas para los damnificados por el amianto, como es la disminución de reclamaciones judiciales y el ahorro de crispaciones sociales".

Finalmente, han recordado los datos de Osalan, en los que se afirma que en Euskadi han fallecido 159 trabajadores por amianto y que existen más de 5.500 trabajadores activos o post-ocupacionales que tienen o en su día tuvieron relación con el amianto.

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