El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado este miércoles reformas en el Decreto que establece los precios públicos prestados por la Administración en el ámbito de los servicios sociales y que entró en vigor el pasado 1 de marzo para que en todo momento el usuario "sepa qué va a pagar y porqué lo paga" sin tener que hacer ecuaciones.

En este sentido, el procurador socialista Jorge Félix Alonso ha advertido de un "fin recaudatorio" por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Alonso ha advertido también de que a los usuarios de centro de día que tienen que vivir en una vivienda en alquiler "apenas les queda dinero para vivir" tras pagar la primera prestación con la cuantía mínima garantizada mensual.

Esta es una de las cuatro carencias detectadas por el Grupo Socialista en el citado Decreto, "un documento complejo y de difícil comprensión" para la mayoría de las personas que, según el PSCL, no incluye de forma específica la parálisis cerebral en el cuadro en el que se relación las cuantías que se tienen que abonar por cada tipo de centro y plaza ni en el cuadro en el que se recogen las cuantías mínimas que se garantizan en función de la situación de dependencia del usuario.

Según ha advertido Jorge Félix Alonso, según este Decreto, "que tenían que haber sido dos", al incluir la vivienda habitual para el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios "un buen número de beneficiarios pueden salir perjudicados por tener que pagar por una vivienda que no ocupan, pero no tienen por qué desprenderse de ella".

Finalmente, Alonso ha lamentado que el Decreto no distinga las cuantías de las cantidades mínimas garantizadas cuando la persona usuaria de un centro de día es una persona mayor o una persona con discapacidad "cuando los gastos fuera del centro de día para una y otra persona son muy diferentes".

Por todo ello, ha reclamado una serie de actuaciones en relación al citado Decreto como facilitar a cada usuario y de forma específica una información detallada de cómo se determina la cuantía que debe abonar por la plaza que ocupa.

Evaluación de la aplicación

También ha reclamado una evaluación pasados seis meses de su entrada en vigor de la aplicación que permita determinar qué le queda a un usuario para gastos a partir de la cantidad mínima garantizada cuando debe pagar un alquiler.

Incluir de forma específica la atención a las personas con parálisis cerebral y adaptar las denominaciones de la situación física o psíquica de las personas mayores a las denominaciones de la Ley de la Dependencia son otras de las peticiones realizadas por Alonso, que ha aclarado que los socialistas no rechazan este Decreto sino que quieren mejorarlo.

Desde el Grupo Mixto, el procurador José María González Suárez, de IU, ha apoyado la propuesta de los socialistas porque es "muy interesante" al "hacer masticable, creíble y asumible" el Decreto para la población, a lo que ha sumado la evaluación de las actuaciones.

"Queremos creer que la filosofía no era recaudatoria sino trabajar por la igualdad y por la equidad", ha manifestado González, que ha rechazado que los usuarios tengan toda la información ante un "exceso de tecnicismos a la hora de explicar lo que hay detrás". González ha apelado en este sentido a una labor pedagógica para mejorar el contenido de la norma.

Sin embargo, la bancada 'popular' ha rechazado la propuesta del Grupo Socialista ya que, según la procuradora Cristina Ayala, va más allá de los temas de la Dependencia ya que "los servicios sociales son el todo y la Dependencia la parte" y, además, "se prestaban mucho antes que la Ley".

Ayala ha rechazado la pretensión del PSOE de "enmendar la plana" a la Junta desde el convencimiento de que las cosas "se hacen bastante bien". Del mismo modo, ha aclarado que el bien jurídico a proteger no es la sencillez sino la equidad, la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema. "Se agradece la intención de mejorar", ha reconocido la procuradora 'popular' que ha recordado que ya se establece la aportación económica mensual.

Por último, ha invitado a los socialistas a revisar "conceptos caducos" para poder mantener los servicios en unas circunstancias económicas difíciles, que ha achacado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.