El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, duda de la "correcta aplicación" del Protocolo Marco de Colaboración que en septiembre de 2010 firmaron la Consejería de Educación y la Fiscalía de Menores para luchar de forma conjunta, entre otros aspectos, contra el absentismo escolar.

Según explica en su informe anual de 2011, consultado por Europa Press, llama "poderosamente" su atención que solo una ínfima parte de los casos de los menores absentistas detectados tanto en Educación Primaria como en Secundaria se haya derivado a la Fiscalía de Menores. Así, por ejemplo, cita el caso de Almería, donde, de un total de 749 episodios de absentismo durante el curso 2010-2011, "solo dos se derivaron a la Comisión Provincial de Absentismo y ninguno a la Fiscalía de Menores". Además, la Defensoría señala que "este ejemplo era igualmente trasladable al resto de los datos que se nos facilitaba de cada provincia andaluza".

No en vano, en la provincia de Málaga solo ocho casos de 2.417 llegaron al Ministerio fiscal; en Granada, de 1.389 episodios de absentismo, ninguno se derivó, y en Sevilla, de 1.880, solo uno llegó finalmente, tras pasar por la Comisión Provincial de Absentismo, a la Fiscalía.

Es por ello por lo que la institución que dirige, ahora en funciones, José Chamizo, pone "en tela de juicio" la "correcta aplicación" de este convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Menores. Sobre todo, argumenta, porque en los pasos previos a la puesta en marcha de esta actuación conjunta, en los que deben intervenir tanto la Administración educativa como las corporaciones locales, tampoco se ha producido una "eficaz articulación práctica".

En este sentido, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que la Consejería de Educación, pese a haber incrementado las medidas para la lucha contra el absentismo escolar en la comunidad y a haber conseguido registrar "una evolución positiva en términos generales en la cuestión planteada", no dispone aún de datos segregados de las zonas escolares con más índices de absentismo escolar. Este desconocimiento "preocupa" al Defensor por cuanto que cada Delegación provincial de Educación "no conoce, por sectores o zonas, el dato real de los menores absentistas en relación con su zona de residencia, o al menos, en relación con la ubicación de los centros en los que estuviesen matriculados".

Ante ello, y ante los "escasos episodios derivados a la Fiscalía de Menores en todas las provincias andaluzas", Chamizo urge a la Administración educativa a "mejorar los sistemas de recogidas de datos, elaborándose un programa informático que permitiese obtener y controlar de forma eficaz el mayor número de datos relacionados con los menores absentistas (provincia, municipio, zona o barrio, centro escolar, curso, circunstancias personales o familiares de interés, etnia, etc)".

Igualmente, solicita establecer definitivamente y en "el más corto plazo posible" un criterio uniforme para la calificación de un menor como absentista en Andalucía y un programa-tipo de absentismo para que sirva de modelo y referencia para los programas a elaborar por las diferentes localidades andaluzas contra este problema educativo.