El "redimensionamiento" de la Administración y la "flexibilidad" de su organización, con el fin de "garantizar" la "calidad" de sus servicios son unos de los ejes de Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autonóma de Cantabria o plan de ajuste.

Así lo defiende el Ejecutivo en la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Cantabria de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para ello, en el plano del personal, se articulan medidas relacionadas con la jornada de personal docentes o sanitario, se suprimen determinados complementos de prestaciones, se adecuan las reducciones de jornada y se retira, con carácter general, la prolongación de la prestación en el servicio más allá de la edad de jubilación.

Se suspende la obligación de convocar nuevos concursos de empleo público, y este año no habrá contrataciones en empresas y fundaciones del sector público, en las que además se han fijado topes salariales, en función de categorías.

A estos cambios se suma la reducción al mínimo legal de delegados sindicales y la suspensión temporal de los pactos y acuerdos laborales que contradigan las especificaciones del texto, que llegará la semana que viene al Consejo de Gobierno antes de pasar por el Parlamento, y que recoge los cambios normativos necesarios —modifica nueve leyes— para llevar a cabo el plan de ajuste.

Un plan que fue presentado el pasado mes de febrero por el presidente, Ignacio Diego, para hacer frente a la situación creada en Cantabria como consecuencia de la deuda sanitaria y a la situación económica de la región, con el objetivo de obtener este mismo año un total de 157 millones de euros.

Para ello, contempla medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, la reducción a la mitad de las empresas públicas, la supresión de los consejos asesores (CES, Mujer y Juventud), la reducción de diputados de 39 a 35, y modificaciones en las condiciones laborales de empleados públicos, entre otras.

Para poder llevarlas a cabo, ya se avanzó entonces que harían falta dos leyes: una para el reconocimiento de la deuda sanitaria, cifrada por el Gobierno en 261 millones de euros, y otra para realizar las modificaciones legales oportunas para llevarlas a cabo, al estilo de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

El anteproyecto establece la "reversibilidad" y "revisión" de las medidas cuando la situación económica mejore.

"esfuerzo" al personal público

El "esfuerzo" que se pide al personal público se considera "imprescindible" para "recuperar el equilibrio de las cuentas públicas", y con él se persigue la generación de ahorros sin merma en la calidad de la prestación de los servicios públicos.

El anteproyecto implica un cambio en el propio diseño de la Administración, pues, por ejemplo, se suprime la escala de funcionarios de Analista de Informática Tributaria del Cuerpo Facultativo Superior, la de Técnico de Gestión de Sistemas Informáticos Tributarios del cuerpo de diplomados y técnicos medios. Los puestos informáticos pasarán a la Consejería de presidencia y Justicia, salvo el caso del SCS.

En el apartado de personal, se deja sin efecto la obligación de la convocatoria periódica de concursos para la cobertura de puestos de trabajo de empleados públicos, medida que se justifica ante la "imposibilidad" legal de dotar presupuestariamente los puestos que queden vacantes como consecuencia de estos procesos.

En el caso de empresas públicas y fundaciones, se establecen topes salariales: los máximos directivos cobrarán lo mismo que un director general de la Administración, y el resto, entre 25.000 y 54.000 euros, en función de su categoría. Durante 2012 no habrá nuevas contrataciones.

Los derechos sindicales relacionados con número de liberados o delegados se reducen al mínimo legal, aunque podrán constituirse bolsas de horas sindicales en docentes y sanitarios.

Se contempla la supresión del complemento a las prestaciones por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes —salvo accidentes laborales o enfermedades profesionales—, se adecuan las retribuciones de las medias jornadas o reducidas a lo efectivamente trabajado, y si no se justifican las bajas adecuadamente, se deducirá la parte proporcional de las retribuciones.

Determinados empleados públicos (los no singularizados, es decir, sin funciones específicas asignadas) podrán ser asignados a departamentos diferentes en función de las "prioridades de la actividad pública", siempre y cuando no suponga un cambio de residencia.

Un ejemplo es que se podrán cambiar los horarios y condiciones de los dispositivos de vialidad invernal en carreteras, cuando haya situaciones de carácter extraordinario.

Se revoca con carácter general la prolongación de la permanencia en activo tras la jubilación, aunque en los docentes, podrá autorizarse hasta el final del curso en que se cumplan los 65, y el Servicio Cántabro de Salud se regirá por su propia normativa.

En el plano sanitario, se incrementa la jornada del personal de Servicio Cántabro de Salud —previa negociación—, y en la educación, se aumentan el máximo de alumnos por aula en algunos cursos de Secundaria,

Y al personal docente se le elimina la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza que se practicaba a partir de los 55 años. Los profesores de Secundaria impartirán como mínimo 20 períodos lectivos semanales, y el máximo de alumnos por grupo en ESO será de 30.

Funcionamiento de la administración

Se incluyen los criterios del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades aprobado el pasado mes de marzo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, facultando al Gobierno cántabro para que apruebe la formalización de operaciones de endeudamiento.

En cuanto a los contratos públicos, se reducirán las obligaciones o ampliarán los plazos de ejecución en aquellos que persigan la estabilidad presupuestaria.

En los que se busque ahorros en la contratación pública, se financiarán con las partidas en las que se genere el ahorro, mientras el Consejo de Gobierno desarrollará reglamentariamente instrucciones para la contratación centralizada.

La modificación en la Ley de Finanzas pretende que, cuando haya que realizarse con cargo al presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, no exista crédito o este sea insuficiente o no se pueda modificar, se tramite un crédito extraordinario o suplemento, a través de bajas en otros créditos.

También se produce un cambio en el Régimen de Afectación de Bienes de la Administración Local, que podrán afectar su patrimonio a otra administración cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus fines. Y las consejerías y entidades deberán asumir el pago del IBI.

Y se extinguen todas las encomiendas vigentes realizadas por el Gobierno a la empresa pública EMCANTA, que pasarán a la Consejería u organismo que las formalizó.