En una providencia dictada este mismo lunes, a la que ha tenido acceso Eruopa Press, la magistrada retrasa la declaración de Antonio Fernández ante la "necesidad de que esta documentación se entregue a todas las partes" personadas en la causa. Así, el inicio de la declaración queda fijado para las 10,30 horas del viernes, "continuando si fuera preciso" al día siguiente.

Se trata de la tercera fecha que señala la juez para la declaración de Fernández, ya que inicialmente la fijó para el jueves 19 para posteriormente, por medio de un auto dictado el 22 de marzo, adelantar un día la comparecencia del exconsejero de Empleo.

La juez Mercedes Alaya imputó a Antonio Fernández porque "ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado", siendo "indiciario conocedor", según el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, "de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que éste hacía en las pólizas de los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas".

Así, la magistrada considera que el exconsejero "era conocedor de los importantes reparos que la Intervención General realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación de explotación, procedimiento que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros".

Asimismo, la juez Mercedes Alaya le imputó su inclusión en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2008 de la empresa González Byass, "cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981".

Carta de antonio fernández

Precisamente, la magistrada ha retrasado la declaración del exconsejero de Empleo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le haya hecho entrega de información sobre su inclusión en un "seguro de grupo sobre la vida en la modalidad de rentas" suscrito por González Byass, documentación entre la que destaca una carta del propio imputado de fecha 30 de junio de 2011 dirigida a Uniter-Banco Vitalicio.

En la carta, consultada por Europa Press, el exconsejero relata que con fecha abril-mayo de 2010 se procedió a suscribir el seguro referido, cuyo tomador es González Byass, el cual "aportaba la cantidad que me correspondía como indemnización por extinción de mi contrato de trabajo, que se encontraba en excedencia forzosa, y que optó por esta modalidad en el pago".

Asimismo, añade que dicha póliza "contiene como beneficiario asegurado, entre otras personas, al que suscribe, y como quiera que para su plena vigencia requiere la suscripción del boletín de adhesión, en cumplimiento de este requisito ruego me remita el referido boletín para que en el momento que proceda entre en vigor y surta eficacia la referida póliza y me abone los derechos irrenunciables que de ella se derivan".

Ayudas "para la compra de cochinos"

La Guardia Civil también ha informado a la magistrada de su investigación en torno a las ayudas recibidas por Corvillete S.L., empresa vinculada a Aglomerados Morell S.A., señalando que las resoluciones en que se otorga una ayuda sociolaboral para cuatro trabajadores de esta empresa por valor total de 440.000 euros "fueron efectuadas como ejecución a un acuerdo previo" entre los administradores de Aglomerados Morell y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez. Según la Guardia Civil, la ayuda, "en realidad, iba a revertir en beneficio de la familia Morell".

Asimismo, indica que el propietario de la empresa, Jorge Andrés Morell, hizo una llamada a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social "para informarse de cuándo iban a recibir el pago de las ayudas otorgadas a Corvillete, comentando que necesitaba el dinero urgentemente porque había cerrado un trato para la compra de cochinos", finalidad "muy distinta a la que deberían ir dedicadas las subvenciones recibidas teniendo en cuenta que el objeto social de esta empresa es el sector del corcho".

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