La Fiscalía ha trasladado este miércoles su oposición a que se readmita a la profesora de Religión despedida por el Obispado de Almería después de que contrajese matrimonio civil con un hombre divorciado al estimar que es "imposible" tanto material como legalmente si bien ha interesado que se le abonen los salarios dejados de percibir durante los últimos once años, una cuantía que la letrada de Resurrección Galera ha cifrado en 157.287,10 euros, restándole los rendimientos percibidos por trabajo según su informe de vida laboral y la prestación por desempleo.

Durante la segunda sesión de la vista celebrada ante el Juzgado de lo Social número 3 para decidir cómo se ejecuta el fallo que dictó la nulidad del despido en mayo de 2011, la fiscal ha señalado que la readmisión en las mismas condiciones que regían en el curso 2001-2002 no sería viable ya que su plaza en el CEIP 'Ferrer Guardia' del barrio de La Cañada está ocupada por otra persona, por lo que existe una "imposibilidad material".

En esta línea, y después de que el resto de las partes implicadas, entre ellas el Obispado y el Ministerio de Educación se ratificasen en su postura durante el trámite de informes, ha subrayado que existe, asimismo, una "imposibilidad legal" al haberse modificado a través del Real Decreto 696/2007 de 1 de junio la regulación de la relación laboral de los profesores de Religión.

Así, el Ministerio Público ha solicitado al magistrado Juan Carlos Aparicio que dicte un auto que declare extinguida la relación laboral ya que lo contrario, según ha indicado, "iría contra el derecho fundamental a la igualdad que estipula en artículo 14 de la Constitución y se vulneraría la legislación y los procedimientos que regulan que la relación laboral" de los docentes de esta asignatura.