La Unión Europea no cuenta a día de hoy con mecanismos jurídicos suficientes para presionar a Argentina con el objetivo de que cumpla con sus compromisos sobre las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el conocido caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

"La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea.  Si bien con el Tratado de Lisboa del 2009 la Comisión adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, pero todavía no existen instrumentos legales.

Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el Tratado de Protección de la Inversión Bilateral (BIT) entre España y Argentina. "Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron.

Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la Comisión Europea propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente está en trámites. Esta nueva normativa pretende introducir un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a "medidas inconsistentes" por parte del país con el que tenga firmado el BIT.

Asimismo, recordaron que el acuerdo del Marco de Comercio y Cooperación Económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a Europa la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Por ello, aseguraron que "nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea, y en las relaciones bilaterales", durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.

No obstante, las citadas fuentes insistieron en que la UE "está dispuesta a apoyar a España en este proceso, y a cooperar con España y abordar este asunto con las autoridades a nivel político".  El portavoz comunitario Olivier Bailly dejó hoy claro que Bruselas "está del lado de España" ante los planes del Gobierno argentino de nacionalizar una parte la petrolera y tomar el control de la compañía.