El exdiputado del PPdeG Javier Escribano ha afirmado sentirse "legitimado" para ostentar "cualquier" responsabilidad política, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol haya archivado la causa contra él por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, abierta en el marco de investigación de la 'Operación Arena'.

En rueda de prensa, acompañado por su abogado, Francisco Javier Fernández Tarrío, Escribano ha afirmado sentirse "víctima de un momento político", después de que el caso saliese a la luz pública pocos meses antes de las elecciones generales, y también de una "carnicería mediática".

Así, ha avanzado que estudia emprender acciones judiciales contra publicaciones que hayan podido vulnerar "su honor" y tampoco ha descartado hacerlo por las investigaciones policiales.

Al respecto, ha manifestado no estar "de acuerdo" con la actuación policial y sus afirmaciones sobre el supuesto regalo de un coche por parte del empresario Fermín Duarte, responsable de la empresa Manmer, contra el que el juzgado mantiene abiertas las diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente por la importación de áridos de Holanda que podrían ser contaminantes.

Al hilo de ello, preguntado si estudia emprender acciones judiciales contra la Policía, ha precisado que "no", pero no ha descartado hacerlo contra algunos miembros. "A lo mejor si existen unas ovejas negras que han tenido unos intereses que habrá que estudiar", ha señalado.

Auto del juzgado

Escribano ha dado la rueda de prensa dando lectura a un comunicado, aunque ha admitido preguntas al término del mismo. También ha aportado a los medios de comunicación el auto del juzgado, contra el que cabe recurso. En él, el juez Alejandro Morán afirma que no se han obtenido "suficientes indicios racionales de criminalidad como para afrontar una fase de enjuiciamiento".

Además, añade que si la instrucción "llegó hasta aquí, es porque en su día hubo algunas evidencias", pero precisa que no han sido "determinantes". Así, sobre el tráfico de influencias, argumenta que la actuación de Escribano "como diputado autonómico, a efectos penales, entraba dentro de lo razonable", afirma en alusión a la información que transmitió a las autoridades administrativas sobre los problemas de Duarte en relación a la venta de áridos.

En cuanto al delito de cohecho, sostiene que tanto Escribano como Duarte confirmaron que la operación de venta del Porsche, que se tasó en 13.080 euros, fue "real". Sobre las filtraciones de esta causa, aifrma que no está "determinado" su origen.

Actividades "legales"

En su comparecencia, Escribano ha señalado que no está "arrepentido" de las actuaciones ante la administración en relación con Duarte y ha indicado que atendió "la petición de un ciudadano". También las ha tildado de "lícitas y legales".

El exdiputado ha rechazado también denunciarlo porque, según él, la conversación en la que afirma haberle regalado el coche fue "privada" y porque en el juzgado "reconoció que no era verdad".

Regreso a la política

Mientras, sobre su decisión de presentar la dimisión como diputado autonómico que formalizó el pasado 29 de octubre, ha asegurado que fue "la correcta en aquel momento". Escribano, que ha recordado que sigue siendo militante del PP, ha admitido que estaría "encantado" de que el partido le echase "una mano" para una posible vuelta a la política.

No obstante, ha reconocido que esa decisión le corresponde "a la dirección del partido". "El tiempo decidirá dónde debemos estar", ha añadido el exdiputado quien ha tildado de "intachable" su comportamiento ético.

Preguntado si había hablado ya con el presidente provincial del PP coruñés, Carlos Negreira, Escribano ha asegurado que ha tenido "conversaciones" con miembros de la dirección del partido y que "todos" estaban "muy satisfechos con la resolución".

Lo que dicen los estatutos

Al respecto, los Estatutos del PP determinan que, en el que caso de un afiliado que se haya visto implicado en un procedimiento judicial, si hay sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, "aunque no sean firmes", se revocará "inmediatamente" cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse.

Certifican también que el partido debe "reparar" al afiliado, por los medios "a su alcance", los "perjuicios" que éste hubiera sufrido a consecuencia de la medida cautelar o sanción que hubiera sido adoptada.