El caso Repsol-YPF que enfrenta a España y Argentina alcanzó su punto álgido este lunes, con el anuncio por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de la expropiación del 51% de YPF. A pesar de las protestas del Gobierno español y la comunidad internacional, Buenos Aires dictó un decreto de "necesidad y urgencia" para hacerse con la petrolera, controlada en un 57% por la española Repsol. ¿Qué supone esto para la compañía española? ¿Cuáles son las consecuencias económicas para España? ¿Por qué ha tomado Cristina Fernández una decisión así en este momento?

En 1999, Repsol adquiere la argentina YPF (cuyas siglas corresponden a Yacimientos Petrolíferos Fiscales) poco antes de que estallara la mayor crisis que ha atravesado el país, conocida como 'corralito'. Para Repsol, significó un desarrollo importante y dio lugar a una empresa multinacional fuertemente internacionalizada.

En enero de ese año, Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9% de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares (unos 1.531 millones de euros), y meses después, en abril, Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital de YPF, que supuso valorar la compañía en 13.400 millones de dólares (unos 10.258 millones de euros).

Sin embargo, ahora Cristina Fernández quiere recuperar la empresa, principalmente para solucionar un problema de abastecimiento, y es que Argentina consume más petróleo del que produce, viéndose obligada a la importación de crudo por primera vez en 17 años. Por ese motivo, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha vinculado la nacionalización al "goloso" descubrimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta.

El año pasado, YPF anunció "un hallazgo sin precedentes": la existencia de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo no convencional en el yacimiento Loma La Lata, en la provincia argentina de Neuquén, en el oeste del país. Esta nueva área productiva, conocida como Vaca Muerta, podría conseguir producciones próximas a los 5.000 barriles de petróleo diarios, suficientes para "garantizar el autoabastecimiento de Argentina", aseguró hace unas semanas el director ejecutivo de Exploración y Producción de YPF, Tomas García Blanc.

El Gobierno de Cristina Fernández también responsabiliza a la compañía de la bajada en la producción por falta de inversión, aunque YPF sostiene que en 2011 realizó inversiones récord por 3.022,7 millones de dólares (2.314 millones de euros), un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 6.363,6 millones de dólares (unos 4.872 millones de euros), también una marca histórica.

Además de solucionar el problema del abastecimiento, Repsol acusa a Argentina de querer desviar la atención de la crisis social y económica que atraviesa el país. Las elevadas tasas de inflación, no reconocidas por el Gobierno, y severas restricciones a las importaciones y al cambio de divisas marcan la economía argentina, que podría empezar a sufrir graves problemas en los próximos meses.

Una de las mayores urgencias de la economía nacional, según los analistas europeos, es la necesidad de hacer "caja" a corto plazo para satisfacer los pagos pendientes, entre otros, la factura energética, que este año rondará los 14.000 millones de dólares.

Además, Fernández no ha mencionado aún el origen de los fondos que financiarán la operación que puede costarle a Argentina miles de millones de dólares, sin contar con el hecho de que YPF ha sido, hasta ahora, la mayor contribuyente al fisco argentino y uno de sus principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.

Otro de los problemas que azota al país es el crecimiento desbocado de su inflación, con tasas reales del 25% anual. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene las cifras oficiales en un 9% ante su incapacidad para lograr controlar este indicador económico.

El Gobierno español ha condenado la decisión "arbitraria" de las autoridades argentinas de expropiar YPF y anunció que adoptará medidas "claras y contundentes" en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior, aunque no detalló en qué consistirán esas medidas.

"La expropiación de YPF se ha producido sin justificación alguna y rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre Argentina y España", ha explicado el presidente del Gobierno español. "Es una decisión que perjudica a ambos, porque también afecta y mucho a la reputación mundial de Argentina", ha asegurado Mariano Rajoy.

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que se trata de un "clarísimo gesto de hostilidad" y espera no sea "el principio de una escalada que sólo contribuiría a agravar más una situación ya de por sí grave".

"El Gobierno quiebra el acuerdo verbal al que se llegó en Buenos Aires el 28 de febrero entre España y Argentina. En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos por este tema se resolverían por la vía del diálogo", añadió Soria. El titular de Industria envió una carta a su llegada a España para comenzar el proceso pero matizó que "nunca hubo respuesta" y no se llegaron a iniciar las conversaciones.

Para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, "Argentina se ha dado un tiro en el pie de estos que son realmente importantes, y lo que más me preocupa es que esto supone el corte, o por lo menos la desconfianza, en unas relaciones realmente fraternales durante muchísimo tiempo".

Por su parte, Brufau ha anunciado que Repsol tomará medidas judiciales contra Argentina y exigirá unos 8.000 millones de euros, acusando a Argentina de dirigir una campaña, previa a la expropiación, de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" destinada a "derrumbar el precio de la acción de YPF y propiciar así la venta a precio de saldo"

La Comisión Europea ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina de los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires en respuesta a la expropiación del 51 % de YPF, que considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.

Poco antes del anuncio de esta medida, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, dijo estar "seriamente decepcionado" por la expropiación y pidió a Argentina que honre sus compromisos internacionales y bilaterales con España. Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Bernard Valero, ha abogado por buscar una solución dialogada, así como que se respeten las garantías jurídicas.

Al otro lado del Atlántico, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido que "sigue los acontecimientos" y no ha desvelado si ha presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los planes de expropiación. Desde Brasil, la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, consideró que la expropiación generará debate, aunque rehusó dar su opinión al respecto por desconocer los detalles.

En México, su presidente, Felipe Calderón, deploró la decisión de Argentina, a la que calificó de "muy poco responsable y poco racional". Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este martes al Gobierno argentino de que las nacionalizaciones empeoran el clima de inversión del país y son "perjudiciales" para su crecimiento económico.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y la nueva estrella del Gobierno argentino, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, manejarán los destinos de la petrolera YPF. "De Vido se encargará de la parte técnica del negocio petrolero y Kicillof de la cuestión económico-financiera", aseguran fuentes del sector energético.

Sentado en el sillón principal, como interventor de la empresa que hasta hoy controlaba la española Repsol, estará De Vido, considerado por años el funcionario más poderoso del Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández.

Desde que empezó el conflicto con YPF, De Vido se ha entrevistado en un par de ocasiones con Bufrau, la última, la pasada semana, siempre acompañado por Kicillof, Pese a su larga carrera política y a su probada fidelidad hacia Kirchner, De Vido vio peligrar su posición en los últimos meses y se plegó, según fuentes empresariales, a la estrategia de Kicillof, a quien medios locales señalan como el principal ideólogo de la expropiación de YPF.

Nacido en Buenos Aires en 1949, Julio Miguel De Vido comenzó a simpatizar con el peronismo a comienzos de la década de los setenta, cuando aún era estudiante de Arquitectura. Consiguió empleo en la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que en 1976, año del golpe militar que instaló una dictadura de siete años, le envió a Puerto San Julián, en la provincia sureña de Santa Cruz.

En 1982 se trasladó a Río Gallegos, la capital provincial, donde conoció al abogado Néstor Kirchner, de quien sería su hombre de confianza durante los años en los que el expresidente argentino fue alcalde de esa ciudad y posteriormente gobernador de Santa Cruz. De Vido se ocupó de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz, y en 2003, con el ascenso de Kirchner a la presidencia argentina, fue designado titular de la estratégica cartera de Planificación Federal.

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien le secundará en la petrolera, se sitúa ideológicamente en las antípodas de Julio De Vido. Kicillof, de 40 años, es un economista de orientación marxista graduado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor.  Proviene de La Cámpora, la agrupación juvenil creada por Néstor Kirchner, liderada por su hijo mayor, Máximo Kirchner, y en la que se recuesta el "ala cristinista" del Gobierno.

Definitivamente no. El presidente de Repsol explicó que la nacionalización de su filial argentina no afectará ni al suministro de hidrocarburos a España ni al precio de los combustibles, ya que el negocio en Argentina es "cerrado" y tiene como destino el propio mercado del país. "La repercusión será cero en compras, precios y aprovisionamientos", ha apuntado.

La cotización de las acciones de YPF fueron suspendidas este lunes en la Bolsa de Buenos Aires tras anunciarse su expropiación, una medida que también aplicó Wall Street, donde los títulos de la petrolera argentina llegaron a caer hasta un 19%, dejando el precio de la acción en 17 dólares.

Por otra parte, los títulos de Repsol que se cotizan en los mercados secundarios de Nueva York bajaban el 4,13% (0,94 dólares) para cambiarse por 21,84 dólares cada uno, con lo que acumulan un retroceso del 28,42% en lo que va de año. El impacto fue menor en la Bolsa de Madrid, donde la empresa española forma parte del Ibex-35, ya que en esos momentos el mercado bursátil se encontraba cerrado.

Sin embargo, las acciones de Repsol están condenadas a sufrir jornadas bursátiles de gran volatilidad hasta que el Gobierno argentino especifique a qué precio prevé llevar a cabo la expropiación de su filial argentina, según los analistas consultados.

La expropiación de YPF supone por tanto "un duro golpe" para los accionistas de Repsol, entre los que destacan la entidad bancaria Caixabank (13% de los títulos), la constructora Sacyr Vallehermoso (10%) y la cementera Pemex (9,5%). El resto del accionariado está compuesto por pequeños inversores, que suman un total de 480.000 accionistas.

Mientras, los principales accionistas de YPF en la actualidad son Repsol (con el 57,43%), la argentina Petersen (con el 25,46%) y varios inversores de EE UU, que tienen el 17%. El Estado argentino era titular del 0,02% de las acciones de YPF, con derecho a ocupar una silla en el directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.

Alfonso Cortina dirigía Repsol cuando se decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa petrolera y saltar a primera división mundial. Pese a la gran diversificación geográfica de la compañía, YPF está considerada la "joya de la corona" y Argentina ha ido ganando cada vez más peso en sus balances. YPF supone el 20% de sus activos (14.037 de 70.957 millones), más de la mitad de la producción total de la compañía, 495.000 barriles al día, y un tercio del beneficio bruto.

A nivel productivo, la filial argentina de Repsol tiene un total de 98 bloques de producción, es decir, de los que actualmente se extrae petróleo, y 100 de exploración, donde se están efectuando estudios para comprobar la viabilidad de la zona. En total, YPF tiene una superficie de 26.768 kilómetros cuadrados de producción y 79.667 de exploración. Además, YPF tuvo una producción de 180 millones de barriles equivalentes de petróleo en 2011.

Repsol reclamará a Argentina, al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que otorga un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF. La empresa española ha asegurado además que recolocará a los 44 trabajadores españoles de su filial en Argentina si así lo desean.

La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 51% de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Según los estatutos de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, en el supuesto de una adquisición igual o superior al 15 %, el comprador debe formular una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad de las acciones de la compañía y en efectivo.

En este caso, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses. El resultado de esta operación arrojaría un precio por acción de YPF de 46,55 dólares (unos 35 euros al cambio actual), lo que supondría valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros).

La expropiación de YPF perjudica a ambos países, aunque los efectos negativos de esta medida son diferentes. "Argentina ha lanzado un mensaje de que hay poca seguridad jurídica para los empresarios extranjeros, lo que provocará que estos se lo piensen dos veces antes de elegir invertir allí y perjudicará al país a largo plazo", explica Federico Steinberg, investigador de Economía Internacional del Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma.

Para España sin embargo, el impacto es a corto plazo. "Los accionistas ya han perdido dinero en la Bolsa y para Repsol es un duro golpe ya que pierde sus yacimientos más importantes", asegura Steinberg. Sin embargo, descarta que esta decisión abra la veda a más expropiaciones. "Se trata de un caso puntual. Argentina llevaba mucho tiempo detrás de YPF, era su joya de la corona y quería recuperarla desde hace años", asegura.

No obstante, se ha desarrollado en los últimos años un auge del capitalismo de Estado en los países de Latinoamérica. "Es un movimiento pendular, en los 90 se apostaba por privatizar grandes empresas por necesidad económicas y ahora los Gobierno quieren recuperarlas", explica este investigador.  Los motivos para este cambio de actitud son dos: los grandes beneficios que aportan este tipo de compañías energéticas y los mandatarios actuales, que tienen un espíritu mucho más nacionalista que hace una década.