Los 42 profesores asociados a tiempo completo (también llamados LRU) de la Universidad de Sevilla (US) cuyos actuales contratos solo están vigentes hasta el próximo 2 de mayo se han reunido este jueves con el rector de la institución académica, Antonio Ramírez de Arellano, a quien han pedido, como ya lo hicieran el pasado lunes por escrito, que los convierta en profesores ayudantes para evitar ser despedidos.

Sin embargo, según ha explicado a Europa Press portavoz de este colectivo docente, Javier Navascué, las conversaciones con el máximo responsable de la US han servido "para avanzar bastante poco" y han decidido, a instancias del rector, solicitar una entrevista con el consejero de Economía, Innovación y Ciencia en funciones, Antonio Ávila.

"Pese a que el tono de la reunión ha sido amable, ha sido poco fructífera, ya que la Universidad solo nos da la opción de ser profesores sustitutos, por lo que seguiremos dando la lata para que nos hagan profesores ayudantes", resume Navascué, quien señala que también se han puesto en contacto con diversas organizaciones para estar "sindicalmente protegidos".

Del mismo modo, cuando reciban respuesta escrita de la US a la solicitud de modificación de contrato que realizaron formalmente el lunes, se pondrán en manos de abogados para valorar "qué vías legales se pueden tomar". Estos profesores tampoco descartan las movilizaciones pero, en cualquier caso, estas se realizarían pasadas la Feria de Abril para tener "más repercusión".

De su parte, la Universidad de Sevilla asegura, como ya lo hizo el lunes, que su intención es la de "no dejar a nadie en la calle", razón ésta que le ha llevado a ofrecer a este profesorado un contrato como profesores interinos, en principio, hasta el próximo 30 de septiembre pero con vocación de "continuidad".

"Pueden tener claro que nadie va a ser despedido porque nunca la Universidad de Sevilla ha tenido esta intención. Nuestra oferta de solución es dar continuidad a sus contratos con una figura legal y común al resto de universidades andaluzas que es la de profesor interino, ya que la de profesor ayudante que ellos piden es propia de becarios, no de docentes con experiencia con ellos", explican desde el Rectorado, donde recalcan que la voluntad de la Hispalense es la "permanencia y continuidad de estos profesores".

Un problema de largo recorrido

El problema de estos profesores se remonta a 2001, año en el que se promulgó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y se estableció un periodo de cuatro años para que estos profesores LRU, con contratos administrativos, se adaptaran a los requisitos exigidos al Profesorado Docente e Investigador (PDI). Los requisitos principales para ello eran presentar una tesis doctoral y acreditarse ante alguno de los organismos competentes como la Agae (Agencia Andaluza de Evaluación) o la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

Después, en 2003, la Ley Andaluza de Universidades (LAU) amplió este plazo de transición hasta 2007 y, con posterioridad, el Gobierno central aprobó una "prórroga" de otros cinco años (la LOM-LOU), hasta 2012, para que estos profesores pudieran adaptarse y "cambiar su figura administrativa por una laboral". Es decir, que según resumen desde la Hispalense, estos docentes "llevan once años sabiendo que tenían que adaptarse" a estos cambios normativos y que, a diferencia de los otros 888 docentes que se encontraban en su misma situación en la US, no lo han hecho.