El exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha negado, a través del escrito de defensa que sus letrados han presentado en el marco del caso Can Domenge, que actuase de forma irregular en el proceso de venta de los terrenos palmesanos, adjudicados a la mercantil Sacresa por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la querellante Núñez y Navarro. La defensa solicita de esta forma su libre absolución de cara al juicio que prevé celebrarse por esta causa.

El escrito incide así en que Vicens no incurrió en delito alguno por lo que "no cabe hablar de autoría ni de otras formas de participación" en los hechos investigados, rebatiendo de esta forma las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para el inculpado seis años de prisión por los presuntos delitos de fraude a la administración, revelación de secretos, y prevaricación, además de ocho años de inhabilitación absoluta, al postular que participó personalmente en la ideación y clausulado del concurso.

Y es que, tal y como, entre otros argumentos, alega la defensa de Vicens, ejercida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, el exconseller no era miembro electo del Consell ni formaba parte del pleno, por lo que de forma singular no participó en la sesión plenaria del 5 de junio de 2005, cuando por 19 votos a favor (del PP y de UM), se aprobó la adjudicación del expediente de contratación para la enajenación de Can Domenge. Tampoco el exconseller, agregan, formó parte de la mesa de contratación.

Es más, los abogados aseveran que fue el propio Vicens quien solicitó, por medio de un escrito fechado el 11 de enero de 2006, "la ampliación del plazo por término de 15 días más para la presentación de ofertas", lo que facilitaba que un mayor número de empresas pudieran concurrir a la convocatoria, tal y como han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El escrito incide en que el exdirigente 'uemita', quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por una pieza separada del caso Son Oms, presidió el jurado técnico que estudió y deliberó las distintas propuestas presentadas, deliberación de la que, precisa, se ausentó Vicens "para garantizar la libertad y exclusivo carácter técnico" de las mismas.

Fue este jurado el que, señala, acordó valorar como la mejor propuesta técnica la presentada por Construcciones Ferrà Tur-Sacresa, a la que se le otorgó la suma de 45 puntos, de los que 30, subraya, corresponden al apartado del pliego de prescripciones relativo a cuestiones arquitectónicas y más en concreto a "la adaptación del proyecto al entorno y la composición estética y diseño de las soluciones presentadas", incidiendo de esta forma en la importancia que se dio a este aspecto a la hora de decidir la adjudicación.

De hecho, el imputado ya manifestó ante la jueza que instruyó la causa, Carmen González, que la intención del concurso era asegurar un proyecto singular por lo que su intervención en el proceso fue la de interesarse por que se valorara la estética del conjunto de viviendas que iban a ejecutarse en el solar. Sin embargo, la magistrada mantenía que Vicens conversó con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y que comenzaron de este modo a trabajar en el concurso "mucho antes" de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares.

El caso, por el que también serán juzgados los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, se centra de esta forma en averiguar si la UTE adjudicaria dispuso de información privilegiada y gozó de un trato de favor en el proceso, después de que los terrenos fuesen vendidos por el Consell a Sacresa por un total de treinta millones de euros, pese a tratarse de la mitad de su valor en el mercado (57,8 millones de euros) y de lo que ofrecía Núñez y Navarro.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que Munar dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.