Los letrados de los dos exmandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol de la Policía Nacional, acusados de cometer presuntas irregularidades en el ejercicio de su trabajo, han solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas en la instrucción, petición que una de las defensas ha extendido a toda la causa, que se juzga desde este martes en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga. El juicio sigue este miércoles.

Así, la defensa de Alfredo M., que era inspector jefe de la sección de Crimen Organizado y está acusado de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, de quebrantamiento de condena, de malversación, cohecho y tenencia ilícita de armas, ha solicitado la nulidad de toda la investigación en general, al señalar que se encuentra "viciada desde el origen"; instando, por tanto, el archivo del procedimiento.

En este sentido, la letrada ha manifestado que "se ha engañado" a los jueces que instruyeron esta causa, ya que Asuntos Internos, que se encargó de la investigación, "olvidó" determinadas informaciones, entre las que ha citado, la denuncia de su cliente a dos personas, que han figurado como testigos protegidos en el caso que ahora se juzga. Por esto, también ha alegado la existencia de una "enemistad manifiesta".

Sobre las intervenciones telefónicas, ha señalado que fueron "prospectivas, buscando ver qué delitos se encontraban". Al respecto, la defensa del que fuera jefe del Grupo de Crimen Organizado de Marbella (Málaga) Carlos F., acusado de malversación, falsedad, quebrantamiento de condena y detención ilegal, ha pedido la nulidad de una decena de autos en los que se autorizaron o prorrogaron estas escuchas.

Este letrado ha argumentado que en la solicitud de intervenciones no hay "ni investigación previa", ya que en algunos casos, ha expresado, se utilizaron escuchas tomadas en otra causa, las cuales han sido anuladas; además de que se prorrogaron estas escuchas durante varios meses "sin acto crítico del juez", en ocasiones sin que conste el motivo, y sin haberse encontrado indicios, en su opinión, que justificaran la intervención.

Para esta defensa, se ha producido una "trivialización del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones". Junto a la nulidad de las escuchas, que pide sean apartadas del procedimiento, el abogado ha solicitado también la de las declaraciones de su defendido y la de testificales. La defensa del tercer acusado, un supuesto informador, acusado de quebrantamiento de condena y malversación como cooperador, se ha adherido a todas las peticiones. ACUSACIÓN

Las investigaciones comenzaron en 2006 por Asuntos Internos, bajo supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga). La acusación relata la actuación de los agentes en intervenciones, como una en la que funcionarios, al mando de Carlos F., desarticularon un grupo de narcotraficantes, siendo, presuntamente, el cabecilla Sophian H., acusado en el caso 'Ballena Blanca', que fue detenido.

Según la calificación del fiscal, a la que tuvo acceso Europa Press, en un forcejeo, el detenido perdió un reloj de oro que recibió el acusado "sin emitir recibo" y que "cediendo ante un sentimiento de codicia, decidió que intentaría adueñárselo", omitiendo hacer referencia al mismo en los escritos. Cuando fue reclamado, optó por devolverlo y aportó otro informe "de contenido falaz" y "simulando" haber ordenado la búsqueda.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción manifiesta que el otro acusado, Alfredo M., recibió quejas de policías, denunciando "los comportamientos irregulares que venían observando en el inspector Carlos F." y, supuestamente, habría descubierto que éste había falseado varios informes policiales sobre el reloj y "pese a conocer" la verdad "no quiso darse por enterado y nunca dio cuenta a superiores".

El relato del fiscal también hace referencia al tercer acusado, que actuó de confidente y que fue detenido por una orden de busca y captura en 2005, momento en el que propuso a Carlos F. ser informador, por lo que éste "paralizó los trámites, se aseguró de que no quedara rastro documental de la identificación y permitió que abandonara la Comisaría y recobrara la libertad", sostiene la acusación pública.

Otro de los hechos por los que se acusa al inspector de Marbella es por, supuestamente, "provocar una operación de venta de drogas", utilizando al informador "a modo de agente encubierto". La acusación considera en este punto que "concibieron un plan" para aportar en lugar de cocaína una sustancia de aspecto similar y, de esa forma, supuestamente, aprovechar para adueñarse del dinero de quienes quisieran adquirirla.

Asimismo, la acusación señala que Alfredo M. tenía relación con un matrimonio ruso que le pidió consejo sobre investigadores privados para un amigo y éste les dijo que emplearan a unos de su confianza para hacer el trabajo a mitad de precio, empresa de detectives que "no existía y en realidad lo que pretendía era aprovechar para obtener un beneficio económico organizando él mismo una investigación de naturaleza privada, pero a costa de los recursos personales y materiales que tenía a su disposición".

Además, se relata la actuación en dos operaciones. En una de ellas se intervino un televisor sobre el que Alfredo M. "mostró interés en sacar de las dependencias policiales para llevárselo a su domicilio", donde estuvo un mes y medio. En la otra, se hicieron registros en varias viviendas en los que se intervino un maletín de marca y una bolsa riñonera con 1.000 euros, aunque al realizar el recuento Carlos F. "apartó y sustrajo tanto los 1.000 euros como el maletín".