El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la administración concursal de Carcesa contra José María Ruiz-Mateos y sus hijos, que incluían un embargo preventivo de bienes por más de 66 millones de euros, según ha informado la familia Ruiz-Mateos en un comunicado.

"El juzgado ha estimado que no concurren los requisitos para decretar el embargo preventivo y absuelve a la familia Ruiz-Mateos", aseguran en la nota.

Los "demandados", según prosigue el comunicado remitido por el despacho de Ruiz-Mateos, "siguen confiando en la Administración de Justicia al comprobar cómo, en un ambiente tan desfavorable, es posible un pronunciamiento absolutorio", que, según subraya, está "ajustado a la realidad de las cosas, sin ningún tipo de prejuicios".

Según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, aún "queda mucho" en el procedimiento concursal, donde previsiblemente se solicitará que el concurso sea calificado culpable, entre otras acciones que deriven de las investigaciones en curso.

Carcesa, que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año, presenta un desfase patrimonial de cerca de 68 millones de euros, al tener un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros.

Actualmente se está ultimando el proceso de venta de la unidad productiva del fabricante de Apis y Fruco, con la adjudicación a la Sociedad Gestora de Productos Agroalimentarios (integrada por la empresa pública Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana), que explota las fábricas en régimen de alquiler.

Esta sociedad quiere recuperar en dos años la cifra de ventas de 60 millones de euros que tenía la empresa de Nueva Rumasa antes de entrar en concurso de acreedores. Carcesa cerró 2011 con una facturación de 30 millones de euros y el plan previsto para este ejercicio proyecta un crecimiento de los ingresos del 50 por ciento, hasta superar los 45 millones.