El Ayuntamiento de Montefrío (Granada) se ha personado como acusación particular en el caso de la empresa de fabricación de calzado cuyos responsables han sido acusados de defraudar 480.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, ya han prestado declaración ante los juzgados de Elche (Alicante) en calidad de imputados los que han sido administradores de la empresa 'Diseño y Formación de Calzado', que han quedado en libertad con cargos por su presunta responsabilidad en el fraude, que se desveló el pasado mes de diciembre, con la detención, entre Elche y Sevilla, de nueve personas.

Según reveló la investigación realizada por la Guardia Civil, la empresa creada en Montefrío "mantuvo una mínima actividad laboral y comercial durante el año y medio que estuvo en funcionamiento", pero durante ese periodo contrató a 47 personas discapacitadas por las que recibieron subvenciones por valor de 480.000 euros.

De las nueve personas detenidas, seis estaban directamente relacionadas con la empresa montada en Montefrío y las otras dos eran los administradores de otras dos empresas de Elche que supuestamente suministraron facturas que justificasen la actividad comercial de la empresa granadina. El último fue un gestor sevillano que presuntamente se encargaba de conseguir las subvenciones para la empresa a cambio de una comisión.

Según las fuentes consultadas, el asunto fue denunciado en marzo de 2008 por cinco de los empleados de la empresa, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Loja decidió archivar el caso al no apreciar indicios de delito.

El abogado de los cinco empleados recurrió el auto de archivo ante la Audiencia Provincial de Granada, que ordenó la reapertura de la investigación al Juzgado de Loja. Fue entonces cuando la Policía Judicial comenzó las pesquisas que llevaron a las detenciones de los posibles responsables y a retomar el caso, que se encuentra en fase de instrucción, y en el que, además del Ayuntamiento de Montefrío también se ha personado la Junta de Andalucía, como posible parte perjudicada.

La investigación ha desvelado que muchos de los trabajadores de la empresa investigada "no iban siquiera a trabajar y, sin embargo, recibían la mitad de su salario a cambio de que firmaran las nóminas", documentos en última instancia para justificar su actividad ante la Junta de Andalucía.

Esta empresa llegó a solicitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía otra subvención de un millón de euros para la contratación de otras 80 personas, pero le fue denegada tras tener noticias de las denuncias de los trabajadores.

La Guardia Civil también averiguó que dos empresas de Elche fueron creadas con el fin de extender facturas que justificaran compras y ventas ficticias de la empresa de Montefrío; es decir, "trataban de justificar una actividad comercial entre las empresas investigadas que en realidad no existía".