La alcaldesa de l'Alcora (Castellón), Merche Mallol, y el portavoz de la Plataforma 'No a la Contaminación', Toni Albert, han formalizado este miércoles, en el decanato de la Ciudad de la Justicia de Valencia, el recurso contencioso-administrativo contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a la empresa Reyval.

Se trata de un procedimiento legal más, ante el "silencio" de la Consellería, para evitar la construcción de una incineradora de residuos "tóxicos y peligrosos" en l'Alcora, han informado desde el consistorio.

El Ayuntamiento y la Plataforma anunciaron desde el principio que agotarían las vías legales para anular la AAI, ya que consideran que se han producido modificaciones "sustanciales" entre el proyecto inicial de la incineradora presentado por la mercantil y el que finalmente fue aprobado por la Conselleria.

Según el devenir de los acontecimientos, y ante el silencio de la Conselleria, el siguiente paso ha sido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la AAI, ha manifestado Merche Mallol.

En dicho recurso se pide la anulación de la AAI por incurrir en "graves irregularidades". Al respecto, las mismas fuentes han recordado que según un informe elaborado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Plataforma, dos son las principales "irregularidades" denunciadas: la multiplicación del volumen de tratamiento de residuos y la multiplicación de la emisión de gases, que varían de forma sustancial del proyecto básico presentado en 2006, al aprobado por la Conselleria en 2011.

Así, por ejemplo, mientras el primer proyecto contempla tratar 87.000 toneladas de residuos al año, el proyecto autorizado aprueba el tratamiento de 133.800 toneladas. Y respecto a los gases, si el primer proyecto prevé emitir 79.918,4 m3 por hora para toda la planta, el proyecto autorizado contempla la emisión de 179.727 m3 por hora.

Además, en dicho documento presentado este miércoles en la Ciudad de la Justicia, para que sea remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se pide la paralización cautelar de las actividades que implica la Autorización Ambiental Integrada hasta que exista una sentencia. La aceptación de estas irregularidades por parte del juez obligaría a la empresa Reyval a reiniciar todo el procedimiento.