Los ciudadanos de Castilla y León podrían ahorrarse en su factura energética un total de 83 millones de euros mediante la adopción de medidas de eficiencia, mientras que la energía susceptible de ser ahorrada, 76.000 toneladas equivalentes de petróleo, es similar a la que consumen casi 2,4 millones de televisores encendidos durante un año.

Un mejor uso de la energía podría, además, ahorrar la emisión a la atmósfera de más de 200.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), una cantidad equivalente a la que evitarían 16 millones de árboles en una zona tropical o a la que emitiría un avión en 43 vueltas al mundo, según los resultados de la de la séptima edición del Índice de Eficiencia Energética publicados por Gas Natural Fenosa recogidos por Europa Press.

El barómetro de dicha empresa, que se elabora desde 2004, se ha convertido en una referencia en la medición de los hábitos de consumo de energía en España.

Este estudio analiza las costumbres que implican un esfuerzo pequeño, pero que suponen un importante ahorro para las familias. Los resultados se obtienen a partir de las 3.800 encuestas, realizadas entre noviembre y diciembre, que preguntan sobre cuatro aspectos diferentes: cultura energética, mantenimiento, control energético y equipamiento.

En el séptimo puesto

El Índice de Eficiencia marcó en 2011 en Castilla y León una puntuación de 6,54, cifra similar a la de 2010 (6,53). En relación con el primer estudio de 2004 (6,06), el Índice ha experimentado una mejoría en Castilla y León del 7,9%.

Los hogares castellanos y leoneses vienen registrando desde 2008 unos índices de eficiencia similares, con un crecimiento sostenido. Su índice global, 6,54, ocupa el séptimo lugar de todas las comunidades autónomas. Respecto a los distintos subíndices, Castilla y León supera a la media de España en lo que a equipamiento se refiere.

En esta edición, el estudio ha analizado el impacto de las medidas que adopta la administración para mejorar la eficiencia energética de los ciudadanos. La conclusión obtenida es que las medidas normativas son "más rápidas y eficaces" que las ayudas económicas directas.

En el caso de las campañas de concienciación, aunque su influencia es apreciable en algunas pautas de uso, es más difícil dirimir su impacto, ya que el efecto es menos marcado.