Los hechos se produjeron en la tarde del 17 de agosto de 2011, cuando la acusada, de 33 años, se encontraba en su domicilio de la calle José García Reus de Alicante. La mujer aprovechó que su hija de tres años dormía la siesta para asfixiarla con sus manos hasta causarle la muerte, según la calificación definitiva del fiscal.

A continuación, la procesada acudió a la casa de su pareja sentimental y le confesó lo que había hecho. Cuando éste la acompañó a su domicilio y comprobó que la pequeña estaba tendida sin pulso, alertó a los servicios de emergencia, que se desplazaron a la vivienda y procedieron a la detención de la madre, como responsable de la muerte.

Este martes, los especialistas en psicología clínica y psiquiatría que se han entrevistado con la acusada desde el momento de su detención han resaltado que, en todo momento, tanto antes de los hechos como después de los mismos, "era consciente de lo que hacía", y han destacado unánimemente la "frialdad emocional" con la que actuaba.

La psicóloga clínica que redactó el informe de ingreso en el Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent ha considerado que la procesada, durante su evaluación, recurría a "lágrimas manipuladoras" ya que "la mayor obsesión que tenía era quedarse en el psiquiátrico" y no ingresar en prisión.

Al respecto, el especialista encargado del informe de imputabilidad ha opinado que la acusada "era consciente de la situación, ya que expresaba su miedo a lo que pudieran hacerle el resto de reclusas".

La psicóloga ha recordado que tras su ingreso en el Psiquiátrico Penitenciario, dado el riesgo de depresión, se puso en marcha un protocolo de suicidio, pese a "no tener rasgos" que evidenciaran este extremo pero sí una "conducta manipuladora" consistente en autolesionarse.

Asimismo, la psicóloga clínica ha destacado que el riesgo de suicidio fue descartado rápidamente, ya que la acusada "dijo que quería hacerse una ligadura de trompas" y ha matizado que "si hubiera riesgo de suicidio no hubiera pensado en hechos futuros".

Por su parte, el psiquiatra que la evaluó tres días después de la detención ha indicado que "en ningún momento hablaba de la niña", y ha afirmado que "normalmente en casos parecidos se habla de la bondad de la víctima", pero la acusada hablaba de su hija "con sacacorchos".

El mismo especialista ha recordado que, durante la entrevista, la acusada "intentaba adoptar una actitud afligida", pero que a los dos o tres días de ingresar "intentaba ligar con los chicos de la sala" del pabellón de agudos —posteriormente fue ingresada en el módulo de mujeres—.

Además, según ha relatado, en varias ocasiones se la veía "animada" pero cuando el psiquiatra la visitaba "se sentaba y se encogía afligida".

Trastorno de personalidad antisocial

En cuanto a la evaluación psiquiátrica, todos los especialistas consultado han coincidido en que manifiesta un "trastorno de personalidad antisocial y adaptativo". También, han destacado la "vida marginal que llevaba" al margen de las "normas de adaptación social".

En su declaración, el psiquiatra del Instituto de Medicina Legal ha indicado que la acusada no presentaba "rasgos de tristeza ni proyección de la culpa al exterior" y ha estimado que no se produjo "alteración de su capacidad cognitiva ni volitiva". "Se le llama trastorno de personalidad, pero es la forma de ser de cada uno, no es trastorno mental ni patología", según ha resumido.

El mismo experto ha reconocido que, en todo caso, se puede producir "una disminución del control vomitivo por estrés", al recibir la noticia de la retirada de la custodia de su hija menor, lo que le provocó un "estado de ansiedad extremo que pudo desencadenar los hechos, favoreció la aparición de esa conducta, pero no disminuyó su capacidad de juicio".

CONCLUSIONES

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de 18 años de prisión y 108.000 euros de indemnización por un delito de asesinato, al entender que los informes forenses son "claros y evidentes" sobre la imputabilidad de la acusada.

En esta misma línea, la acusación particular ha hecho hincapié en la intencionalidad del crimen y ha considerado que ha quedado probado que "la madre era capaz de entender qué estaba haciendo".

Asimismo, la defensa ha insistido en pedir la eximente total por enfermedad mental para su cliente, y ha planteado que tras "esa ausencia de sentimientos, esa forma de vivir" debe existir "una cuestión de fondo" que la explique, por lo que "el tratamiento psiquiátrico sería más efectivo que la reclusión".

Finalmente, la acusada ha indicado entre lágrimas que "no lo hizo queriendo" y que "se arrepiente un montón". En este sentido, ha atribuido su decisión a "la presión de su marido y Servicios Sociales". Según ha dicho, su esposo "amenazó" con abandonarla y "quitarle a la niña como a los otros tres hijos" y Servicios Sociales con quitarle la custodia, por lo que cuando se dio cuenta "tenía a mi hija muerta en las manos", ha dicho.