El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su diputada Lourdes Aguiló, ha criticado la "pobreza de contenido" del documento aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern para acometer la reestructuración del sector público instrumental y, en este sentido, ha lamentado que "las cuatro páginas" que lo componen "no contemplen objetivos, ni estrategias, ni problemas a solventar".

Así lo ha recriminado en el marco de la pregunta que ha formulado al vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación, Josep Ignasi Aguiló, en torno a la primera fase de este proyecto a la que el Ejecutivo dio el viernes su visto bueno y que prevé la fusión de 12 entes (entre empresas, consorcios y fundaciones), la eliminación de 20 consorcios, seis fundaciones y la reducción de 400 puestos de trabajo, lo que supone la mitad de los empleados que se contempla despedir al término de la reestructuración.

Un documento que, a juicio de la parlamentaria del PSIB, "se limita a intercalar unas cuantas líneas con afirmaciones falsas" puesto que "aún no se ha disuelto ninguna entidad como tampoco ha sido extinguida ninguna otra". "No es la primera fase de la reestructuración sino que nos encontramos en la fase 0, mientras el Govern se llena la boca de buena gestión", ha aseverado al respecto.

Sin embargo, el vicepresidente ha indicado que, para proceder a la realización de este proyecto, "deben seguirse unos procedimientos" como la aplicación de cambios estatutarios y llevar a cabo la reestructuración de cada una de las empresas. Y es que, tal y como ha incidido en este sentido, "debe realizarse cumpliendo todos los términos legales".

En concreto, algunas de las empresas afectadas son Gestión Sanitaria de Mallorca (Gesma), que será integrada dentro del patrimonio del Servei de Salut de Balears (Ib-Salut), y el Institut d'Estudis Baleàrics, que será asumido por el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, que pasará a denominarse Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.

Cabe recordar que ya el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, anunció a finales del pasado año una reducción en el número de empresas públicas de la comunidad, de 168 a 76, lo que supondría un ahorro de 115 millones de euros cada año y el posible despido de un total de 800 personas.