El Gobierno vasco ha mostrado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley del PP para la modificación de la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo, que propone que las indemnizaciones que contempla la norma para daños materiales se amplíen a los daños personales causados por atentados.

La iniciativa, firmada por la parlamentaria Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, recuerda en su exposición de motivos que la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento autonómico en 2008 "deja al margen" las indemnizaciones por daños personales ocasionados por acciones terroristas.

La portavoz del Gobierno autonómico, en su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno semanal, ha recordado que la normativa estatal sobre víctimas ya se ha modificado, de forma que las indemnizaciones contempladas en ella se han incrementado.

Mendia, que ha recordado que antes de dicho cambio legal hubo algunas comunidades autónomas que aprobaron sus propias normativas con las consiguientes indemnizaciones para damnificados, ha indicado que el Gobierno autonómico no quiere "ahondar" en las diferencias que puedan existir en las prestaciones a las que tienen derechos los damnificados en función de la región en la que residan. "INJUSTICIA"

A su juicio, si se establecen ayudas adicionales en unos lugares y no en otros, esto supone una "injusticia". Por ello, ha indicado que "lo justo" es que este tema se rija por una ley general. De todas formas, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico atenderá a cualquier situación de "necesidad" que puedan sufrir los damnificados por el terrorismo.

En el texto que argumenta la decisión del Gobierno, se indica que la concesión de importe económico a las víctimas del terrorismo cuando ha habido daños personales, "tiene su raíz en un razonamiento jurídico de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, en virtud del cual el Estado se subrogaba en la deuda del terrorista condenado a abonar responsabilidad civil a la víctima, al objeto de garantizar a ésta la percepción de su indemnización, evitando los inconvenientes de la insolvencia del victimario".

Además, señala que "la concesión de los pluses a cargo de algunas comunidades autónomas no tiene más justificación que una apelación genérica a la solidaridad de cada comunidad, atribuyendo unas cuantías solo a los residentes y estableciendo con ello discriminaciones absolutamente injustificadas entre las víctimas del terrorismo, atendiendo a su vecindad administrativa u otros criterios similares de más que dudosa equidad". "ESFUERZO"

Por otra parte, rechaza que este tipo de normas se hayan aprobado con carácter "generalizado" en España, puesto que "sólo las han incorporado las Andalucía, Valencia, Aragón, Navarra y Murcia".

El Gobierno vasco recuerda que "hace unos meses se ha aprobado una nueva legislación aplicable al conjunto de España", con la que "el Estado ha hecho un gran esfuerzo, en tiempo de grave crisis económica, para revisar al alza -y con carácter retroactivo- las cantidades concedidas a las víctimas del terrorismo por sus daños personales".

Además, indica que "el criterio de valoración preferente para las actividades desarrolladas en la Comunidad Autónoma Vasca ya está recogido de manera suficiente en la Orden de 22 de junio de 2011, del consejero de Interior, por la que se regulan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo".