El gasto en pensiones presupuestado por el Gobierno para 2012 asciende a 115.825,93 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,2% en relación a 2011, según se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Al pago de pensiones en su modalidad contributiva se destinarán en 2011 un total de 101.953,8 millones de euros, un 2,9% más, como consecuencia del incremento del colectivo de pensionistas, del mayor efecto sustitución y de la revalorización para este año de todas las pensiones en un 1%.

En cuanto al ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2012 para las pensiones no contributivas se situará en 1.995,01 millones de euros, el mismo importe que en 2011.

La aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas se incrementará en 1.000 millones de euros, un 35,6% más en términos relativos. El Gobierno explica que esto supone un "significativo esfuerzo" por parte del Estado en el actual proceso de reducción del gasto para recortar el déficit, así como una "apuesta por la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social".

Por su parte, la cuantía presupuestada para el Régimen de Clases Pasivas del Estado asciende a 10.965,2 millones de euros, un 8,1% más. Estas prestaciones también se han revalorizado un 1% este año.

Para el pago de pensiones e indemnizaciones que tienen su origen en la Guerra Civil, lo que se conoce como pensiones de guerra, la cantidad destinada en 2012 será de 314,8 millones de euros.

Se reduce un 17%

La dotación para incapacidad temporal.

La dotación asignada en los Presupuestos de este año para proteger las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgos durante la lactancia natural ascenderá a 2.369,8 millones de euros, un 0,7% menos que en 2011.

Por su parte, se destinarán un total de 5.799,21 millones de euros (-17,3%) al pago de subsidios por incapacidad temporal, prestaciones que concede la Seguridad Social a través de las entidades gestoras o de las mutuas por bajas laborales derivadas de enfermedades comunes o profesionales, y accidentes no laborales o laborales.

En 2012, el Gobierno ha previsto un crédito de 31,03 millones de euros para financiar la pérdida de ingresos derivada del sistema por cese de actividad de los autónomos.

A las prestaciones económicas del mutualismo administrativo se dedicarán 444,08 millones de euros en 2012, un 20,1% menos, mientras que a las prestaciones de garantía salarial se destinarán 1.275,09 millones de euros, correspondientes en su mayor parte al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

A raíz de la reforma laboral, el Fogasa, que se nutre de cotizaciones empresariales, asumió el pago de parte de las indemnizaciones por despido, pero no de aquellas declaradas como improcedentes tanto en conciliación administrativa o judicial, como mediante sentencia.