CVC pide que la Ley de RTVV garantice la credibilidad informativa y que no se tramite hasta conocer el alcance del ERE

Considera "inadecuada" la posibilidad de crear fundaciones
Imagen De Archivo De Un Pleno Del CVC
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EUROPA PRESS
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El Consell Valencià de Cultura (CVC) reclama que la futura Ley de Radio Televisión Valenciana garantice "la credibilidad, objetividad y pluralidad informativa" del ente autonómico, al tiempo que recomienda no tramitar la norma hasta que no se conozca el alcance del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está previsto aplicar.

El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunido el viernes pasado, en sesión extraordinaria, dio luz verde a este informe sobre el anteproyecto de Ley de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que aprobó la Generalitat en diciembre del año pasado.

En el documento, elaborado a petición de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, la institución consultiva remarca la importancia de la ley para garantizar un servicio público que aúne credibilidad, objetividad y pluralidad informativa. "La calidad informativa —argumenta— se basa en la radical separación de los hechos de las opiniones, y que solo los principios de veracidad, comprobación, testimonio, prueba y contraste de las fuentes, consiguen el equilibrio informativo en aras de la necesaria objetividad".

Así, el CVC argumenta que el servicio público no ha de "luchar solo por la audiencia, sino que debería intentar ser ejemplar en la protección de la infancia, la programación infantil y educativa, además de fomentar la ciencia y el progreso cultural y de normalización lingüística".

En esta línea, considera que "la neutralidad general que reclama muy específicamente un modelo de radio y televisión públicas se podría reforzar, introduciendo en el sistema controles de calidad exigentes y Consejos informativos al estilo de RTVE".

Además, en su apartado preliminar, señala que, "ante la inminencia de un ERE sobre la actual plantilla, del que a día de hoy se desconocen todos los detalles, así como ante la modificación prevista de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, no parece conveniente tramitar el actual texto legislativo sin tener una información real sobre el alcance de estos nuevos parámetros", ya que "la falta de esa información puede conducir a errores que pondrían en riesgo la aplicación de esta norma en un futuro próximo".

El órgano consultivo agrega, sobre la política de personal, que convendría que en el preámbulo de la ley se hiciese referencia a los derechos y obligaciones de todos los profesionales de las artes y las ciencias de la televisión, así como de los periodistas, dentro de un marco de pluralidad y libertad informativa.

También recomienda que la ley defina las necesidades de personal que estructuralmente tendrá el Grupo para marcar el criterio que oriente a la hora de fijar el tamaño de su plantilla y que privilegie como objetivos de la empresa tanto la producción propia como la formación continua de los profesionales y adaptación a nuevos métodos y formatos de producción, con el fin de dar un servicio público cada vez mejor.

Contrato programa

Un aspecto que el CVC califica como "positivo" es la introducción del Contrato Programa, aunque insta a que los servicios previstos se orienten también a dar a conocer la riqueza y diversidad de todo el ámbito territorial y que se introduzcan en el articulado de la ley otras posibles vías de financiación y comercialización.

Respecto a la producción propia, anima al Grupo

Rtvv sa a impulsarla, al tiempo que consideramos adecuado mantener la importancia de la publicidad para su financiación no pública, dado que su eliminación pondría en riesgo todo el proyecto, especialmente en unos momentos de crisis, aunque sugiere que ésta sea en valenciano. Precisamente, el CVC propone, para el fomento de la lengua propia, que se amplíe la emisión en valenciano a toda la programación de los canales del grupo.

En cuanto a la gestión, pide clarificar diversos artículos, como el punto 1 del Artículo 7 en el que se expresan las distintas formas de gestión o el que se refiere a que la televisión autonómica podrá prestar servicios de telecomunicaciones a terceros. Igualmente, y tras leer el punto 4 del artículo 7, anima a su eliminación "por el riesgo económico que se pueda causar al erario público".

También tilda de "inadecuada" la posibilidad de crear fundaciones, puesto que "la TV y la Radio son actividades muy claras y definidas, que a nuestro entender no necesitan de ninguna fundación para ejercer su labor".

En la misma línea, no cree pertinente que se faculte a la Dirección General a contratar gastos o inversiones de hasta "5 millones de euros al año" sin el conocimiento y la aprobación del Consejo. "Es una cantidad muy elevada, que, si además se recurre al procedimiento de adjudicaciones parciales, puede dar lugar a sorpresas que echen por tierra todo el Contrato Programa", argumenta el CVC, que precisa que la cantidad debe ser "mucho más baja y razonable". Esta recomendación es, también, aplicable a los apartados o) y s) del artículo 22, donde se habla de las funciones del Director General.

Contrataciones director general

"Nos parece mucho más razonable que, respecto a este punto nos atengamos a lo acordado por el consejo de Administración de RTVE que ha revocado la autorización al Director General para poder contratar libremente hasta 7 millones de euros, reduciendo la cifra hasta los quinientos mil, siendo las cantidades superiores supeditadas al conocimiento y competencia del Consejo de Administración. Esta afirmación cabe reiterarla respecto a los contenidos de los apartados o) y s) del artículo 22", detalla.

El CVC reclama asimismo una mayor información de la llamada 'Junta General', en la que ve una "laguna jurídica" que hay que eliminar especificando la composición de dicho organismo, "que debería conformarse con los Consejeros que nombra el Parlamento Valenciano y se constituyen como Consejo de Administración, que es el que toma todas las decisiones".

Finalmente, la institución solicita la protección y la promoción del archivo de RTVV, plantea a la Generalitat la necesidad de declararlo Bien de Interés Cultural, o una figura similar de la ley de patrimonio, para asegurar su permanencia y aboga por que la ley introduzca la obligación de compartir con el archivo de la Filmoteca Valenciana políticas de fomento de la cultura cinematográfica y acuerdos de cesión de materiales.

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