Segovia urge a la Junta a rehabilitar el Palacio de Enrique IV, un BIC adquirido para ampliar el Museo Esteban Vicente

PSOE critica que "no haya proyecto ni voluntad" de recuperar un edificio que "esconde su vergüenza detrás de un telón"

El Ayuntamiento de Segovia instará a la Junta de Castilla y León a la rehabilitación inmediata del Palacio de Enrique IV, un inmueble emblemático declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que fue ocupado en 2006 por el Ejecutivo autonómico para la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Así se ha aprobado este lunes de manera unánime durante la sesión plenaria ordinaria en el Consistorio a propuesta del Grupo Municipal Socialista, que ha advertido del "desmantelamiento" progresivo desde 2003 de este edificio, "uno de los más significativos de la ciudad", que conserva hoy sólo sus cuatro paredes y "esconde su vergüenza" detrás de un telón con la obra del propio Esteban Vicente.

La edil de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, ha recordado que en 2006 la entonces consejera de Cultura, Silvia Clemente, hizo hincapié en que paralelamente a la conclusión de los trámites administrativos para la ocupación del Palacio se realizarán las obras de consolidación y se irían redactando los proyectos de rehabilitación y el museístico para que estuviera concluido en mayo de 2007, para proceder a la contratación y enlazar las obras de consolidación con las de rehabilitación.

Sin embargo, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que a día de hoy "no hay proyecto ni voluntad de levantar la ruina", especialmente tras conocer a través de los medios de comunicación que debido a la actual coyuntura económica la Junta ha aparcado la recuperación del edificio, que según ha cifrado requiere una renta anual de 300.000 euros.

"Las excusas de la crisis no nos valen, ya que estamos hablando de un abandono de seis años, sin contar otros tres desde 2003, cuando no ejerció el derecho de retracto sobre la compra del inmueble", ha manifestado.

Para la edil socialista, la paralización del proyecto es un capítulo más de la "mala gestión" del Gobierno de Juan Vicente Herrera así como de sus "incumplimientos", a los que ha añadido el Palacio de Congresos, el Museo de la Fotografía y el Centro de Interpretación de la Ingeniería Romana. Además, ha considerado que es un "ejemplo palmario" de su política con Segovia, caracterizada por el "nada de nada" o el "mínimo" para esta provincia.

La concejal 'popular' Mercedes Sanz, quien ha justificado las dificultades para seguir adelante con la crisis "que llegó con un gobierno socialista que fue un fracaso absoluto", ha precisado que, desde que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara en febrero de 2005 la declaración de utilidad pública del inmueble, se han ido dando pasos "importantes" para convertirlo en un espacio público y cultural y que es gracias a la Administración regional que ahora este complejo no se ha convertido en viviendas de lujo.

"Se hizo un importante esfuerzo en beneficio de la sociedad", ha incidido Sanz, quien ha recordado las obras de emergencia llevadas a cabo en el inmueble en los años 2007 y 2008 y ha instado a Claudia de Santos a exponer sus requerimientos en la Comisión Territorial de Patrimonio, donde la edil socialista tiene voz pero no voto.

ANTECEDENTES

El Palacio de Enrique IV, ubicado en el centro histórico de la capital segoviana, albergó desde el siglo XV un hospital de beneficencia, una escuela de artes y oficios, un juzgado municipal, entre otros usos. En 2003 fue adquirido por una empresa para construir viviendas y dedicar una parte a fines culturales sin que la Junta ejerciera el derecho de retracto sobre la compra.

Sin embargo, en 2005 el Gobierno regional aprobó su declaración de utilidad pública, lo que posibilitaría la expropiación forzosa del inmueble para ampliar el Esteban Vicente. El 15 de diciembre de 2006 el Gobierno autonómico tomó posesión del Palacio tras la firma de las actas de ocupación y el pago de justiprecio, fijado en casi 1,6 millones por el Jurado Provincial de Expropiación, que culminó el proceso de toma forzosa.

En la moción socialista se recoge que, según noticias en los medios, con posterioridad se informó de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León elevó la cantidad de la expropiación hasta tres millones de euros, a lo que hay que añadir el cinco por ciento de afectación por la misma, además del interés legal que correspondía desde el acuerdo de ocupación, lo que ascendería a una cantidad aproximada de 500.000 euros más.

En el texto se apunta que la cantidad final de la expropiación podría ser superior si el Tribunal Supremo estima el recurso de los propietarios y establece un justiprecio superior. En este sentido, recalca que el Ejecutivo pudo haber ejercido el derecho de retracto de la compra en su momento por 900.000 euros, por lo que, "como poco", la cuantía ahora rondaría los cuatro millones de euros.

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