El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la supresión de 283 millones de euros para Dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sánchez ha indicado que unos 8,5 millones son los que se van a dejar de recibir en la Región, "lo que va a incidir muy negativamente en la situación regional de la Dependencia, ahondando las diferencias entre comunidades autónomas".

Sánchez ha subrayado que aunque este dinero, el denominado "nivel acordado", está destinado, en principio, a infraestructuras como residencias geriátricas o reparación de edificios, así como a organización administrativa y tareas como informática y gestión, en la práctica, las comunidades "lo están usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existentes".

Por ello, UPyD señala que las incidencias en las prestaciones "se van a resentir directamente y supondrá una paralización en la aplicación de la Ley", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Asimismo, Sánchez ha expuesto que los expertos creen que apretar aún más a los Gobiernos regionales en esta materia paralizará la ley: "los que están en lista de espera para recibir su ayuda seguirán esperando sin que fluya la lógica reposición. De esa forma, el sistema irá adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja, ya que es un colectivo con una alta mortalidad, no serán sustituidos por otros beneficiarios".

Sánchez ha señalado que la supresión en la Región de esos 8,5 millones, además de ser un perjuicio en las prestaciones económicas, "incide en una de las cuestiones más deficitarias en la Región, como son los centros para dependientes, residencias geriátricas públicas y centros de día".

Para el coordinador regional de UPyD este "drástico recorte" supone "una gravísima contradicción con la idea de recortar el gasto público denominado "improductivo".

Una cifra así, destinada a los servicios, "no solo equivale a atender a 35.000 personas en toda España, sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros", añade.

Además, Sánchez ha recordado que al ponerse en marcha la ley, este presupuesto del "nivel acordado" se justificaba como un elemento de requilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias.

A su juicio, "perder ese dinero ahora redundará en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades". Por todo ello, y para asegurar la igualdad, UPyD reivindica "que sea el Estado el que gestione de forma directa y única la Dependencia".