El Tribunal Supremo ha acordado tramitar el recurso interpuesto por una juez de lo contencioso-administrativo de Alicante que ha solicitado ser reforzada en su juzgado o bien exonerada de asuntos por "riesgo grave para su salud mental".

Ambas medidas han sido solicitadas por la magistrada como "medida cautelarísima" ante la Sala do lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que ha acordado oír al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía antes de decidir.

El recurso de la juez deriva de una decisión de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado 28 de febrero que dispuso la reincorporación al servicio activo de esta magistrada. El Consejo también rechazó su petición para obtener un refuerzo o bien lograr que se redujeran el número de asuntos en su juzgado y su participación en la celebración de vistas y práctica de pruebas.

Refuerzo no previsto

El órgano de gobierno de los jueces justificaba su decisión en la "delicada situación" que atraviesa el citado juzgado y en sus "elevados índices de entrada y pendencia". Rechazó las peticiones de ayuda de la magistrada por entender que no estaban concebidas para situaciones como la existentes en este caso y añadió que la juez no podía reducir sus horas de Audiencia porque esta función resulta "consustancial al ejercicio de la jurisdicción".

En respuesta a esta decisión del Consejo, la representación letrada de la juez ha interpuesto un recurso ante el alto tribunal solicitando la anulación del acuerdo por la vía de medidas cautelarísimas "por el riesgo grave que para la salud mental de la recurrente supondría reasumir la llevanza del juzgado en su totalidad".

El recurso hacía hincapié en que "el riesgo resulta inminente, ya que esta situación está provocando en la demandante una situación de angustia que le impide descansar adecuadamente, y que obviamente no va a cesar hasta que se solucione el problema".

Añade que en este caso "debe prevalecer el derecho fundamental a la integridad física y moral sobre el funcionamiento del juzgado", que además mejoraría considerablemente con las medidas de refuerzo propuestas. Para documentar su situación, la juez ha presentado varios informes clínicos..

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo y que tiene fecha de 20 de marzo, tramita el asunto con el fin de que "pueda conciliarse la prontitud en la adopción de la resolución que corresponda con la naturaleza de las circunstancias" y da plazo al CGPJ y a la Fiscalía para que se pronuncien antes de adoptar una resolución definitiva.