El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes en Pleno, con los votos a favor del gobierno local del PP y en contra de la oposición —PSOE e IU—, el plan de ajuste que presentarán al Gobierno central para poder acogerse al plan de pago a proveedores. Se trata de un plan "muy ambicioso y valiente" basado en el principio de "transparencia" y que no supondrá ningún despido.

Durante la exposición de dicho plan, la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, y el edil de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, José Blas Fernández, han destacado que se ha elaborado en base a un compromiso con la "austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión", manteniendo el empleo de toda la plantilla municipal.

Con este plan, el Ayuntamiento va a recibir del Estado 71 millones de euros que se devolverán en diez años. Así, el objetivo de ahorro para 2012 es de diez millones de euros, de 18 millones en el ejercicio de 2013, 20 millones en 2014 y 22 entre los ejercicios de 2015 a 2022.

Las aportaciones a las delegaciones municipales se reducirán entre un 15 y un 20 por ciento, excepto lo que esté relacionado con las políticas sociales, que no se tocarán. Además, se optimizarán servicios como el de recogida de basura, con el que se pretende rebajar el contrato en 600.000 euros aproximadamente.

Otra de las medidas que contempla es que el Patronato de la Vivienda desaparecerá y pasará a integrarse dentro de la empresa pública de la Vivienda (Procasa), lo que supondrá un ahorro de más de 300.000 euros.

Se ahorrará también con otras medidas como un nuevo contrato de telefonía, un plan de ahorro energético en el alumbrado público, una disminución del gasto en publicidad y una reducción en alquileres de naves y oficinas. El ahorro previsto en estas partidas superará el millón de euros.

De igual manera, está previsto un ahorro de 1,5 millones de euros que hasta ahora se iban en intereses de demora por el retraso de los pagos. Asimismo, los impuestos se actualizarán con el IPC tras cuatro años de incremento "cero".

Por otro lado, el plan implica la suspensión de la ayuda de 600.000 euros anuales que se daba al Cádiz Club de Fútbol para la organización del Trofeo Carranza. Cabe destacar que existen diferentes amortizaciones anticipadas que el Ayuntamiento tiene previstas de deuda a largo plazo, como por ejemplo una de 15 millones de euros este año derivada de la venta de locales en el estadio Carranza y otros cinco millones el año que viene por este mismo concepto.

Para el ejercicio de 2014 se terminará con 4,5 millones derivados de la enajenación de la participación de Emasa en el parking de Santa Bárbara; en 2015 otros 25 millones de euros por la venta de patrimonio municipal y otros 12 millones más por este mismo concepto hasta 2019.

Compromiso con los servicios sociales

Defiende la alcaldesa que el plan de ajuste refleja un compromiso con los servicios sociales y el nivel de los servicios públicos, el mantenimiento del ahorro bruto y neto y con capacidad de financiación para afrontar las inversiones y los objetivos del gobierno local.

Resalta que se va a reducir la deuda financiera a través de la enajenación y "sin tocar el bolsillo de los gaditanos", y también se procederá a actualizar los precios "de forma moderada", agregando que "mantendremos el equilibrio presupuestario".

Martínez ha argumentado que se trata de "un plan de previsiones, no una foto fija", es decir, que la situación económica irá cambiando y "esperamos que en dos años va a mejorar". Ha significado que este plan se va a llevar a cabo después de años de menos ingresos y mantenimiento de los gastos corrientes que ha supuesto "un gran esfuerzo".

Además, ha enfatizado que de los 73 millones de euros que el Consistorio ha presentado ante el Gobierno en facturas pendientes de pago a los proveedores, "42 son los que nos dejó de ingresar el Estado a través de la PIE a cuenta de la crisis económica que el Gobierno de Zapatero tardó más de un año en reconocer".

Por su parte, José Blas Fernández ha aseverado que este plan de ajuste "supone una garantía con los proveedores, que cobrarán hasta el último céntimo". La deuda se pagará en diez años, los dos primeros en carencia y los otro ocho pagando el préstamo. Finalmente, recalca que se rata de un plan "transparente", ya que "durante su ejecución y desarrollo se va a informar 40 veces al Pleno sobre la marcha de dicho plan".