El CGPJ constata que sólo siete jueces, tres de C-LM, de un total de 4.500 magistrados secundaron el paro general

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado que siete jueces --tres de ellos de Castilla-La Mancha-- de un colectivo formado por cerca de 4.500 magistrados secundaron el octavo paro general de la democracia, convocado por los sindicatos UGT y CC.OO, según han informado a Europa Press fuentes de la institución.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado que siete jueces —tres de ellos de Castilla-La Mancha— de un colectivo formado por cerca de 4.500 magistrados secundaron el octavo paro general de la democracia, convocado por los sindicatos UGT y CC.OO, según han informado a Europa Press fuentes de la institución.

En concreto, tres jueces de Castilla-La Mancha y cuatro destinados en Andalucía no acudieron a sus puestos de trabajo en la jornada de la huelga general. Sedes judiciales como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional trabajaron con "normalidad" el día de la protesta, según fuentes jurídicas.

Entre los cuatro jueces que respaldaron el paro de los cerca de 900 destinados en Andalucía, tres pertenecen a la provincia de Sevilla —dos de ellos a Sevilla capital, según ha indicado el juez decano, Federico Jiménez Ballester— y el último a Granada.

El Ministerio estableció como "servicios esenciales" los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los juicios con causas con preso o aquellas actuaciones en las que venza el plazo preestablecido por la Ley o que puedan suponer una pérdida o perjuicio de derechos.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia, se acordó también que la huelga no paralizara todas aquellas actuaciones en las que se resuelvan medidas cautelares que afectan a los derechos de los imputados.

Primera huelga de jueces

Los jueces y magistrados llevaron a cabo la primera huelga de su historia durante el mandato del exministro Mariano Fernández Bermejo en 2009 para pedir mejoras estructurales en la Administración de Justicia.

Sin embargo, el Consejo General del Pode Judicial (CGPJ) acordó entonces por unanimidad un acuerdo que sostenía que la cita no tenía "cobertura legal". El órgano de gobierno de los jueces rechazó así el derecho a la huelga de los togados al entender que no existe "base normativa para el ejercicio del mismo".

La asociación de Jueces para la Democracia mostró su apoyo a la huelga general convocada para el 29-M en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero.

La organización subrayó que la reforma del mercado laboral constituye "uno de los mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma "ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta".

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