La Mesa acuerda remitir a la Fiscalía el dictamen de la Comisión de Investigación de GFB

El PRC dice que el PP "sólo quiere seguir alimentando la teoría de la corrupción" y el PSOE denuncia que es "una venganza" de Diego
Reunión De La Mesa Del Parlamento
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PARLAMENTO
Reunión De La Mesa Del Parlamento

La Mesa del Parlamento de Cantabria ha acordado este viernes remitir a la Fiscalía el dictamen de la Comisión de Investigación de GFB para que determine si existen indicios de delito en la actuación del anterior Gobierno regional (PSOE-PRC), según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La decisión de la Mesa, aprobada en virtud de la mayoría que ostenta el PP y con el voto en contra del PRC y el PSOE, se produce después de que el Pleno del Parlamento aprobara el pasado lunes, con el mismo resultado de votos, las conclusiones de la comisión de investigación, en las que el PP percibe indicios de responsabilidad penal.

El PRC ha criticado una decisión que considera "política", igual que lo fue -dice- la creación misma de la comisión de investigación, que en su opinión ha sido un "fracaso estrepitoso". Por su parte, el PSOE entiende que es "una venganza" del presidente del Gobierno y presidente del PP, Ignacio Diego, al que acusa de utilizar el Parlamento con fines partidistas, y también ha arremetido contra el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas.

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, ha recordado tras la reunión de la Mesa, que el trabajo de la comisión de investigación y el dictamen aprobado por el Pleno "no tiene valor judicial" y que ahora, tras el acuerdo de la Mesa, es la Fiscalía es la que tiene que determinar si hay o no indicios de delito.

Cagigas señaló que la Mesa "se ha limitado" a recoger el dictamen del Pleno y presentarlo en la Fiscalía, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento de la Cámara. El jefe del Legislativo reconoció que es un caso "excepcional" porque "no todos los días se convocan comisiones de investigación". De hecho, en el Parlamento hay un único antecedente -la comisión de investigación sobre un caso vinculado al expresidente Juan Hormaechea-.

En la misma línea, el presidente de la Comisión y portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, ha explicado que la Mesa "lo único que hace es hacerse eco" del dictamen aprobado por el Pleno, del que se desprenden "comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito de cáracter penal", y dar traslado del mismo a la Fiscalía "para que lo examine y actúe en consecuencia".

Responsabilidades penales

En su dictamen, el PP considera que pueden derivarse "responsabilidades de todo tipo", que en su caso incluso pudieran ser de naturaleza penal, contra cargos políticos del anterior Gobierno PRC-PSOE.

En concreto, estas responsabilidades afectarían al expresidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y a la exvicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE); los exconsejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; el exconsejero delegado de Sodercan, José Villaescusa, y el exdirector general de Sodercan, Francisco Royano; y el exconsejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco.

Sin embargo, los grupos PRC y PSOE no han encontrado indicios de malversación, fraude o mala gestión, y han instado en numerosas ocasiones al PP a que acuda a los tribunales si "tiene tan claros" estos supuestos delitos.

El portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha señalado este viernes que la comisión "no ha aportado absolutamente nada nuevo" y que "basta con leer" las conclusiones del PP para "darse cuenta de que no hay indicios de la comisión de ningún delito".

"No hay base para llevarlo al fiscal de ninguna de las maneras. Esto estaba decidido de antemano y después del fracaso estrepitoso de la comisión, quieren -el PP- seguir alimentando esta teoría de la corrupción que vienen alimentando desde hace tiempo", señaló el portavoz regionalista.

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSC-PSOE -hasta este sábado-, Dolores Gorostiaga, ha afirmado que es "otro paso más en la estrategia del PP", al que ha acusado de "utilizar" el Parlamento de una forma "torticera" y así ha pedido que conste en el acta de la reunión de la Mesa. "Si el Gobierno tiene indicios de cualquier cosa lo que tiene que hacer es actuar y no utilizar al Parlamento como lo está haciendo", dijo.

"sin precedentes"

"Desde el Ejecutivo no actúa, utiliza el Legislativo para hacerlo y ahora quiere implicar a otro Poder más -el Judicial-, es algo sin precedentes", denunció.

Criticó que el dictamen que se remite a la Fiscalía por acuerdo de la Mesa son "unas conclusiones de parte, totalmente parciales y con una indefinición total". "No sabemos de qué nos acusa el PP", afirmó Gorostiaga, quien también ha criticado al presidente del Parlamento, que en su opinión "no está ejerciendo como debe la función de amparar a los diputados, preservar la autonomía del Parlamento y no dejar que sea también el señor Diego el que mande en esta Casa".

Al igual que el PRC, el PSOE cree que "todo esto es una estrategia política, y una maniobra de distracción", porque desde que llegó al Gobierno, el PP "no ha dado golpe, se ha dedicado única y exclusivamente a mirar papeles". "El señor Diego está dedicando todo su esfuerzo al rencor, a la venganza y a meter miedo a los ciudadanos, y eso es lo que me parece impresentable en estos tiempos", agregó la dirigente socialista.

El PSOE ha anunciado que se reserva el derecho de solicitar responsabilidades judiciales por las "imputaciones" vertidas en la comisión por la portavoz del Grupo Popular, María Antonia Cortabitarte, que en su opinión podrían constituir un delito de injurias y calumnias; por el director general de Sodercan, Miguel Cabetas, quien aseguró que lo sucedido en GFB ha sido "un fraude"; y los extécnicos de Sodercan Ángel González y Miguel Ángel López, quienes afirman que emitieron informes negativos al proyecto de GFB que "no pueden acreditar".

La Comisión de Investigación sobre la fábrica de fibroyeso de la empresa GFB en Orejo (Marina de Cudeyo) se constituyó el 17 de octubre de 2011 a instancias del PP, tras el cambio de gobierno en Cantabria, para esclarecer los motivos por los que la planta no llegó a empezar su actividad pese a la inversión pública realizada.

Con un total de 22 comparecencias, los trabajos de la comisión de investigación se han prolongado desde finales de octubre hasta este mes de marzo, con el paréntesis que se produjo en diciembre con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos y la suspensión del periodo de sesiones en enero.

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