Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo ha tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca al banco.

Solo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

La región más afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes.

El Poder Judicial ha informado también de las ejecuciones, es decir, los procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, y que en 2011 registraron un descenso del 17%, hasta los 77.854, lejos del récord alcanzado en 2010 con 93.636 procedimientos.

En el último trimestre se iniciaron en España 20.751 expedientes, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior. Andalucía se puso a la cabeza con 16.313 expedientes, seguido de la Comunidad Valenciana con 14.868 y Cataluña con 13.727.

En noviembre de 2011, la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) estimaba que en 2015 se habrán ejecutado más de 700.000 desahucios de los cuatro millones de hipotecas firmadas entre 2004 y 2008, los años de la llamada "burbuja inmobiliaria" en España.

Según un estudio de AFES, una de cada cinco transacciones llevadas a cabo en ese periodo (el 17,63%) eran "de alto riesgo", por lo que a los 170.627 desahucios que ya se han producido y las 168.603 viviendas que se encuentran en la actualidad en ejecución hipotecaria, se sumarán otras 373.912 ejecuciones en los próximos dos años.

El pasado 9 de marzo el Gobierno aprobó un decreto ley que trata de atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios. Este jueves, el Congreso convalidó, con los votos del PP, PNV y CIU, este decreto, aunque con críticas por el temor a que se deje fuera a muchas familias con dificultades.

El decreto incluye un código de buenas prácticas dirigido a las entidades bancarias con el fin de plantear alternativas a las ejecuciones hipotecarias y, en definitiva, a los desahucios. En principio el decreto quiere impulsar la dación en pago.

Casi la totalidad de la banca, el 95%, se ha unido ya al código de buenas prácticas. Hasta el momento se sabía que los principales bancos, las cajas de ahorro y las cajas rurales se habían adherido a dicho código, pero se desconocía qué porcentaje o qué número de entidades eran y se esperaba a la publicación en los diez primeros días de abril.