El 12,53 por ciento de los funcionarios de la Junta de Castilla y León ha respaldado la huelga general celebrada este jueves en un clima de "absoluta normalidad" y sin incidentes, según ha avanzado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha informado del seguimiento hasta las 12.00 horas de hoy.

En términos absolutos de los 58.624 empleados públicos que podían hacer huelga en los turnos de noche y mañana la han secundado 7.345. En concreto, el paro ha sido secundado por 3.032 trabajadores de la administración general de 16.935 que podrían respaldarla —el 17,9 por ciento—; 1.351 en Sanidad de los 17.416 —el 7,7 por ciento—; 2.906 de los 23.685 en docentes no universitarios —el 12,2 por ciento— y 56 de los 588 de empleados de empresas y entes públicos —9,5 por ciento—.

De Santiago-Juárez ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que los servicios mínimos se han cumplido al cien por cien y ha detallado que el seguimiento del personal de la Junta en las provincias, a excepción del sanitario y docente no universitario, ha alcanzado una media del 19,15 por ciento.

Así, se ha registrado el 19,4 por ciento en Ávila; el 18,8 por ciento en Burgos; 18,6 por ciento en León; 21,6 por ciento en Palencia; 20,8 por ciento en Salamanca; 15,2 por ciento en Segovia; el 19,04 por ciento en Soria; el 24,2 por ciento en Valladolid y el 12,3 por ciento en Zamora.

El portavoz de la Junta ha detallado que todos los servicios están garantizados en la Comunidad, al tiempo que ha destacado la ausencia de incidentes desde el respeto de los derechos a "unos y otros".

De este modo, el portavoz de la Junta ha abogado por no entrar en guerras de cifras sobre el seguimiento y ha reiterado sus "dudas" sobre si éste era el momento oportuno para celebrar una huelga general desde el "respeto absoluto" a la convocatoria.

Por último ha señalado que, a su juicio, la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy es "necesaria, oportuna y valiente" porque "el mercado laboral en España era muy rígido" y se pretende adaptar la normativa a la de la UE.