Caen otros dos miembros más de la red de extorsión de ETA

Ya son 14, con los doce detenidos de la semana pasada. Marlaska investiga a más empresarios por supuestos pagos.
José Ignacio Elosúa, ayer, en el momento de su detención. Efe.
José Ignacio Elosúa, ayer, en el momento de su detención. Efe.
Aumentan las detenciones en torno a la red de extorsión de ETA desmantelada la semana pasada. La Policía Nacional arrestó ayer, por orden del juez Marlaska, a otros dos presuntos miembros de esta organización, acusada de gestionar el pago del impuesto revolucionario.Los dos nuevos detenidos son Emilio Castillo González, de 65 años, y José Ignacio Elosúa Urbieta, de 58 y hermano del dueño del bar de Irún donde se gestionaba el cobro del dinero. Este último ya ha sido detenido y está actualmente en prisión.

Estas dos nuevas detenciones elevan a 14 los supuestos miembros de esta red. Siete de ellos han sido arrestados en España y los otros siete en Francia, entre los que figura Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda terrorista.

Más empresarios

El juez Marlaska investiga desde el año pasado a una decena de empresarios que también han podido efectuar pagos a los etarras, según informaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el presidente de los empresarios navarros, José Manuel Ayesa, dijo ayer que le merece «mucho más crédito» las palabras de los dos empresarios acusados de pagar 54.000 euros a ETA, algo que negaron, que lo que «puedan decir los terroristas», en una clara alusión a Madariaga, que aseguró al juez que habían dado ese dinero «de forma voluntaria».

«Impugnar la Constitución»

Xabier Arzalluz, ex presidente del PNV, aseguró ayer en su declaración ante el juez Marlaska que ningún miembro de su partido ha ejercido de intermediario en el pago del impuesto revolucionario a ETA, defendiendo así a Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV e imputado por este delito.

Arzalluz recordó que «pagar a ETA es motivo de expulsión» en su formación. También se quejó de la «criminalización» de su partido y afirmó que el PNV podría impugnar la Constitución.

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