El Grupo Parlamentario Regionalista ha rechazado el despido de 28 trabajadores del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), al considerar que la plantilla actual es "absolutamente necesaria" para garantizar una adecuada atención en situaciones de riesgo, con la única excepción de los "tres directivos amigos del PP", contratados para cubrir un único puesto con un coste anual de 127.500 euros.

"No sobran bomberos, ni teleoperadores, sobran directivos para gestionar la nada a la que la política de la consejera Leticia Díaz está llevando el área de Protección Civil".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la diputada Rosa Valdés, quien ha presentado una proposición no de ley que el PRC defenderá el próximo lunes en el Parlamento con el fin de salvaguardar al SEMCA de los recortes que está llevando a cabo el Gobierno del PP en todos los servicios públicos.

Valdés ha rechazado que la consejera de Presidencia se escude en la supuesta quiebra del servicio para justificar los despidos, porque "si alguien ha propiciado la quiebra ha sido ella", al disminuir en 500.000 euros el presupuesto de la empresa, recortar en un 12 por ciento los recursos de los parques de emergencias y derogar la Ley del 112, pese a que aportaba vías de financiación y a que fue aprobada por el Grupo Popular en la pasada legislatura.

A su juicio, "el PP del ajuste ciego, puro y duro" es quien ha propiciado en apenas nueve meses el "deterioro" de este servicio, poniendo freno a los avances que había registrado en los ocho años anteriores, por lo que ha advertido que la consejera y el presidente regional, Ignacio Diego, serán "culpables directos" de cualquier carencia en la atención de situaciones de inseguridad y emergencia que pueda producirse a partir de ahora en Cantabria.

"Esperamos que los cántabros no tengan que lamentar las consecuencias de la irresponsabilidad y la incapacidad de este Gobierno para aportar soluciones sin crear nuevos problemas", ha confiado.

Asimismo y como ejemplo de la improcedencia de los despidos en el SEMCA, ha recordado que el Ejecutivo se ha visto obligado a solicitar la ayuda del Ejército porque la plantilla actual "no da abasto" para afrontar las tareas de extinción de los incendios forestales que se registran estos días. "Estoy segura de que los tres altos directivos amigos del PP no van a ir a apagar los incendios y si recortamos bomberos, a lo mejor tendremos que acabar yendo todos con una regadera para parar estas situaciones", ha ironizado la diputada del PRC.

La auditoría "oculta"

Valdés ha criticado además la "falta de transparencia" de la consejera, quien no sólo no ha entregado aún al Parlamento la auditoría realizada en esta empresa pública después de reiteradas solicitudes y de que la Mesa llegara incluso a formalizar una queja, sino que también se niega a facilitarla a los trabajadores afectados por su "política del tijeretazo", aun cuando la utiliza como justificación de los despidos.

También ha rechazado que Díaz proponga esos despidos "apelando al excesivo sueldo" de los trabajadores, cuando cobran "un 30 por ciento menos que los bomberos de Santander, donde también gobierna el PP y el alcalde no ha planteado ninguna disminución del servicio".

Además, ha explicado que algunos de los despedidos serán "personas con discapacidad empleadas en el 112 y procedentes de los centros especiales de empleo".

"Nos parece gravísimo lo que está ocurriendo, es lamentable que se busque la rentabilidad económica de un servicio que por definición nunca será rentable, porque es imposible hacer números cuando está en riesgo la seguridad o la vida de las personas", ha concluido la diputada regionalista, para quien con actuaciones como la que está realizando en el SEMCA el Gobierno de Ignacio Diego "y su inservible mayoría absoluta" conducen a Cantabria a "situaciones auténticas de miseria".

Proposición no de ley

La proposición no de ley que la propia Valdés defenderá en el pleno del próximo lunes en el Parlamento rechaza el plan de viabilidad del Gobierno para el SEMCA, porque supone la externalización de un servicio público fundamental y una reducción considerable del personal de atención a las emergencias, "en detrimento de la calidad del servicio público de protección ciudadana en Cantabria".

Por ello, insta al Gobierno a garantizar este servicio "en los niveles de calidad, innovación y atención a la ciudadanía de los últimos años" y a promover su crecimiento y mejora continua "asegurando los recursos humanos y materiales necesarios para su prestación 24 horas al día durante los 365 días del año".