El Gobierno de Cantabria aprueba por consenso con sindicatos y patronal los servicios mínimos de transporte de cara a la huelga general del próximo jueves, durante la que, tanto en el transporte regular de viajeros por carretera como en el marítimo, habrá, al menos, un mínimo de un servicio de ida y vuelta.

Así lo ha anunciado este martes en un comunicado el Ejecutivo regional tras la reunión mantenida por el director general de Transportes y Comunicaciones, Fermín Llaguno, con los representantes sindicales y la patronal del sector para minimizar las consecuencias de la huelga general en los servicios de transporte público.

Servicios mínimos

El acuerdo al que se ha llegado con sindicatos y patronal garantiza que, en el transporte regular de viajeros por carretera de uso general y en el marítimo, habrá los siguientes servicios mínimos: un mínimo de un servicio de ida y vuelta para aquellos que realizan hasta 5 expediciones diarias.

Aquellos que comprenden de 6 a 10 expediciones diarias deberán ofertar dos servicios de ida y vuelta y en los servicios de más de diez expediciones diarias se mantendrá el 25 por ciento de los servicios.

En lo que se refiere a los servicios mínimos de transporte escolar se incluyen la primera expedición de ida y la última de retorno.

En la reunión, todas las partes han estudiado la situación y han llegado a un acuerdo "consensuado" por todas ellas, para "garantizar" los servicios mínimos de transporte tanto terrestre como marítimo.

El Gobierno de Cantabria ha recordado que el servicio público de transporte de viajeros, está considerado "de interés general" y, en consecuencia, "no puede verse gravemente afectado" por el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de las empresas que lo presten.

Por este motivo, se han adoptado las medidas precisas para garantizar el funcionamiento de dicho servicio público, "haciendo compatibles" los intereses generales con el derecho de huelga de los trabajadores, manteniendo los servicios esenciales de Cantabria.

Transporte sanitario

En el caso del transporte sanitario, el Gobierno ha señalado que "se entiende" que debe ser mantenido en su totalidad por su carácter de prestación sanitaria que —ha dicho— debe ser garantizada por los poderes públicos y cuya satisfacción es exigencia derivada del derecho a la protección de la salud contemplado en la Constitución Española.