La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha refrendado este lunes los "resultados positivos" llevados a cabo desde el pasado mes de agosto para el control de los topillos en Castilla y León y ha garantizado que el sistema de vigilancia puesto en marcha por la Junta en virtud del Plan de Plagas aprobado en 2009 "ha funcionado".

De este modo se ha pronunciado la consejera ante la pregunta formulada por la procuradora socialista María Sirina Martín Cabría, quien se ha interesado por la valoración de la Consejería de los resultados de las recientes actuaciones para el control de topillos en la Comunidad Autónoma que, a su juicio, no se correspondían con la dimensión del problema y han generado uno mayor al poner en peligro y "destruir de forma irreparable", por ejemplo, ecosistemas completos en Tierra de Campos.

Tras acusar a la Consejería de Agricultura y Ganadería de haber matado "moscas a cañonazos", la procuradora socialista se ha referido a la Junta como "el mayor pirómano de esta tierra" con la quema de 19.600 kilómetros lineales de lindes, equivalentes a 7.800 hectáreas quemadas en 20 días de forma "intencionada" y "para solucionar un problema que no era tal" con "consecuencias gravísimas" que han puesto en riesgo, según sus palabras, zonas de ribera recuperadas con fondos europeos que han sido "arrasadas" por la Consejería, a la que ha advertido además de una posible retirada de fondos de la PAC.

María Sirina Martín Cabría ha ido más allá en sus críticas y ha asegurado que el propio CSIF, el "máximo órgano de investigación", ha dado un "tirón de orejas" a la Junta por sus actuaciones para controlar una plaga que era "un copalso de invierno". "Se aprovechan hasta de la naturaleza para asegurar su éxito", ha ironizado.

Silvia Clemente ha rechazado las críticas socialistas por "demagógicas" y se ha sorprendido ante "tanto desconocimiento concentrado" que "impresiona". La consejera ha asegurado que no ha recibido ningún informe del CSIF de las características que ha anunciado la procuradora socialista a la que ha acusado de poner en duda la actuación de las cuatro universidades de Castilla y León cuyos expertos han avalado las medidas puestas en marcha a través del Plan de Control de Plagas.

La consejera ha garantizado que en todo momento se ha respetado la Red Natura y ha cifrado en 1.500 las parcelas de 23 zonas de vigilancia monitorizadas.