Exsecretario niega cobros de Roca y dice que había que dar las licencias de primera ocupación

Otro exedil y un funcionario de justicia también afirman que "jamás" el principal acusado les dio cantidad alguna
El Exsecretario Municipal Leopoldo Barrantes, Acusado En 'Malaya'
El Exsecretario Municipal Leopoldo Barrantes, Acusado En 'Malaya'
EUROPA PRESS
El Exsecretario Municipal Leopoldo Barrantes, Acusado En 'Malaya'

El que fuera secretario del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Leopoldo Barrantes, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado que "jamás" recibió dinero del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y ha explicado que las licencias de primera ocupación "había que darlas" y eso era "por imperativo legal". Además, ha precisado que los certificados de silencio administrativo era "necesario emitirlos".

El fiscal le acusa de haber cobrado de Roca la cantidad de 18.000 euros por certificaciones de licencias de primera ocupación por silencio administrativo, consolidando así obras supuestamente ilegales. El procesado ha respondido: "jamás he recibido dinero ni del señor Roca ni de ninguno de aquí" y ha apuntado que "algunas cosas que he podido cobrar totalmente legal, he renunciado a ellas", añadiendo que tiene "bastante menos patrimonio que cuando llegué".

En su declaración en la sesión de este lunes del juicio, Barrantes, para el que la acusación pública pide tres años de cárcel, ha dicho que las anotaciones con las que se le vincula no se refieren a él, recordando que Roca también declaró que no le dio dinero. "Jamás he cobrado de un ayuntamiento", ha insistido, añadiendo que "jamás he cobrado ni una dieta ni una comisión. Es mi forma de ser y así he actuado durante toda mi vida".

Sobre las licencias de primera ocupación, Barrantes ha manifestado que, según la jurisprudencia, "siempre y en todo caso es obligatorio concederlas", salvo que el edificio no se adaptara al proyecto, pero ha precisado que "el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que aún en el supuesto de que el proyecto básico sea ilegal, hay que darlas". No obstante, ha precisado que "otra cosa distinta es que haya que revisar de oficio" ese proyecto que sirvió de base.

El acusado ha señalado que los certificados de silencio administrativo emitidos por él no conceden la licencia de primera ocupación, añadiendo que quien otorga dichos permisos "no es el alcalde, ni el pleno, ni la comisión de gobierno, ni el secretario, sino es por imperativo legal, es la propia ley, porque si han pasado unos plazos y el ayuntamiento no ha actuado, la ley dice lo tiene usted concedido".

Ha señalado que él normalmente no informaba sobre los expedientes que se trataban en las comisiones de gobierno, aunque sí ha señalado que en los expedientes de permutas, de motu proprio realizó por escrito "cientos de informes", por "garantía" y para "orientar" a la corporación, al igual que informó "un montón de convenios", también por escrito, porque "hacer un informe verbal no sirve para nada", ha apuntado. Ha dicho que no tiene obligación de advertir ilegalidades.

Ha considerado que era "irracional pensar que se puedan cumplir las sentencias judiciales que ordenaban el derribo. Es la destrucción pura y simple de Marbella". Sobre el servicio de grúa, ha confirmado el enfrentamiento entre el empresario Ismael Pérez Peña y la corporación por una deuda y ha indicado que se encargaron unas nuevas ordenanzas para ver las tarifas, aunque "no se hizo absolutamente nada".

Otro de los procesados que ha comparecido es el que fuera funcionario de justicia Francisco Ramírez, quien también ha negado haber recibido dinero de Roca y ha dicho que las gestiones que realizó con éste fueron en nombre del empresario acusado Manuel Lores, al que conoce hace 40 años y que "estaba mal físicamente, su intención era marcharse de Marbella y dejar listos los asuntos", apuntando que "no terminó ninguno de ellos".

Ha apuntado que en otras ocasiones también habló con Roca por asuntos familiares, pero en cualquier caso ha rechazado que le facilitara información de temas penales de los juzgados de Marbella, añadiendo que nunca ha filtrado "absolutamente nada". Ha insistido en que ha estado 44 años trabajando en justicia "y en la vida me han incoado un expediente y en la vida he tenido un problema con nadie a cuyo servicio haya estado".

Respecto al regalo de un reloj, que ha llevado y mostrado al Tribunal, ha explicado que un día fue con Lores para hablar con Roca y a la salida, se encontraron con Yagüe y hablando en el pasillo, una secretaria del principal acusado le llamó para darle "un regalito". "No le di más importancia y me marché. Incluso fuera, con Manuel Lores, nos reímos porque la caja era muy llamativa, pero el reloj no era nada significativo", ha añadido.

Otros acusados

El exedil Miguel Jiménez, que entró en el Ayuntamiento en enero de 2005, también ha declarado este lunes y ha negado haber recibido dinero del principal acusado, de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, o de nadie, recordando también que Roca ya dijo que no le había dado dinero. Ha relatado cómo se produjo su detención y el registro de su casa, momento en el que a su mujer, secretaria del exalcalde Jesús Gil, le dio un infarto y luego murió en el hospital.

El acusado ha justificado todos sus ingresos, ha asegurado que durante la época en la que estuvo relacionado con una sociedad municipal todo el dinero que se movía estaba "protocolizado" y ha dicho que conocía los problemas urbanísticos y por eso no quiso entrar en las comisiones de gobierno. Ha apuntado que a raíz de esta investigación perdió su trabajo, cayó en una depresión y cuando empezó a trabajar de nuevo "me embargaron cuentas, sueldos y también el domicilio".

En esta sesión, también ha declarado de nuevo Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, sobre los dos millones de euros que le fueron intervenidos por la Policía cuando salía de las oficinas del empresario procesado Ismael Pérez Peña en Madrid. Benavente ha indicado que era un préstamo y que el principal acusado le pidió que fuera a recogerlo, pero que no intervino en el acuerdo del contrato que sí firmó y que era "garantía para la devolución del dinero".

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