El delegado de Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha asegurado este lunes que el dispositivo de seguridad previsto para la jornada laboral del próximo jueves, 29 de marzo, será "normal" y ha mostrado su confianza en que "no habrá altercados".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ruiz Medrano ha insistido en que los castellanoleoneses "demostrarán el comportamiento" de que han hecho gala "en anteriores ocasiones", y ha garantizado el derecho "tanto de los ciudadanos que desean secundar la huelga, como aquellos que quieran acudir a su puesto de trabajo".

Para ello, se aumentará la presencia tanto de guardias civiles como de policías nacionales durante esa jornada en zonas rurales y polígonos industriales, según se ha acordado este lunes en la Comisión de Asistencia que ha presidido el propio delegado y que ha contado con la asistencia de responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los nueve subdelegados provinciales.

Según lo establecido, la presencia de la Policía y de la Guardia Civil será "más acentuada de lo habitual" en los centros de transporte, de enseñanza, sanitarios, asistenciales y de distribución de productos de primera necesidad, así como en los polígonos industriales y en las sedes de los medios de comunicación social.

Asimismo, para la jornada de huelga, se han establecido unos servicios mínimos que afectan al 11,3 por ciento de los empleados públicos de las dependencias que engloba la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Robos en explotaciones agrarias

Por otro lado, en la reunión de este lunes también se ha incidido de nuevo en el tema de los robos en explotaciones agropecuarias y viviendas del medio rural que se registran en la Comunidad, respecto a lo cual se ha subrayado la "necesidad" de "mantener canales de información permanentes" entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, a fin de "erradicar el problema".

En este sentido, Ruiz Medrano ha reiterado su "compromiso" para desarrollar el plan de seguridad especial en el medio rural iniciado el pasado año y cuya aplicación incrementó "la presión sobre los ladrones y delincuentes".