Nunca los primeros 100 días de un gobierno español han dado tanto de sí. Mariano Rajoy los ha cumplido este viernes, y a sus espaldas lleva unas cuantas reformas (la financiera, la laboral, entre las aprobadas, y la judicial y la educativa, entre las que se han anunciado) y ajustes económicos, con sus consecuencias más inmediatas: un gran descontento social que se ha traducido en manifestaciones contra los recortes y las reformas y que ha tenido su punto álgido este jueves con la huelga general. Un paro que tuvo un seguimiento desigual, pero que reunió a cientos de miles de personas según el Gobierno, millones, según los sindicatos, en las manifestaciones.

Los 100 primeros días de un gobierno, un periodo simbólico, son la prueba de fuego para un presidente que permite a los ciudadanos evaluar su gestión política y reflexionar si ha sido la mejor elección de candidato a la presidencia de un gobierno. Este es el balance de los 100 días del Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy:

Las medidas económicas fueron las primeras en llegar y el eje de las reformas con las que el Ejecutivo de Rajoy busca lograr la recuperación y la creación de empleo.

Se anunciaron ya el 30 de diciembre, pero no se aprobaron hasta el 11 de enero de 2012. Considerados los mayores ajustes de la democracia española, supusieron, entre otras cosas, unas subidas del IRPF y del IBI durante dos años (que el Gobierno justificó por una desviación del déficit público para 2011 del 8% del PIB, dos puntos superior a lo previsto), la congelación de los sueldos de los funcionarios y del salario mínimo interprofesional y un recorte de gasto de 8.900 millones.

El 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece techos de gasto para todas las administraciones. La norma recoge además medidas sancionadoras: las comunidades autónomas que incumplan con el compromiso de déficit y no corrijan esa desviación en seis meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal.

Relacionado con los ajustes presupuestarios, el pasado 7 de marzo el Gobierno anunció para este 2012 un recorte del 40% en la inversión pública y que eliminará la duplicidad en los organismos autonómicos. Este recorte de las instituciones formará parte de las medidas que acometerán con la reforma de la Administración.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, los más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones que se conseguirá con medidas como reducir del gasto ministerial el 16,9% y subir del impuesto de sociedades para grandes empresas.

Entre las medidas que contemplan estas cuentas para 2012 están el mantenimiento de las prestaciones sociales, una reducción de las inversiones en un 19,6%; recortes a los sindicatos por 6,2 millones; el crecimiento de los ingresos un 12,5%; subidas de impuestos, como el de Sociedad o los del Tabaco, pero no del IVA; el copago judicial, con el aumento de las tasas especialmente en la segunda instancia; recorte severo en las políticas activas de empleo, y una amnistía fiscal para aquellos que quieran regularizar la situación de sus rentas no declaradas, a través de un gravamen del 10%.

Otras novedades fueron la subida de las tarifas de la luz y el gas y la reducción de las subvenciones al transporte insular.

La reforma del sistema financiero fue aprobada el 3 de febrero en el Consejo de Ministros para intentar impulsar el crédito, sanear el sistema bancario español y abaratar la vivienda, entre otras medidas de consideración.

En primer lugar, para facilitar financiación directa a las comunidades autónomas, el Gobierno acordó dotar con 10.000 millones de euros a la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que va a crear para que las autonomías puedan afrontar los pagos pendientes con proveedores. Esta línea tiene dos finalidades: pagar los contratos de suministros de obras y servicios (contraídos antes del 1 de enero de 2012 y vencimiento a mediados de este año) y cumplir las obligaciones de deudas financieras anteriores al 1 de enero de 2012 y contabilizadas previamente como déficit.

En relación con esto, el Ejecutivo central aprobó el 9 de marzo un plan para que las administraciones públicas puedan acceder a préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones de euros para pagar sus deudas pendientes con proveedores a partir del mes de mayo. El Consejo de Ministros acordó al día siguiente otro decreto que precisaba la creación del fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Con este plan, las administraciones tendrán un plazo de devolución de este crédito de diez años, con dos de carencia y un interés que rondará el 5%.

El segundo capítulo de esta reforma atañe al sistema bancario. El Gobierno ha limitado el sueldo de los directivos a 600.000 euros en las entidades que han recibido ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a 300.000 euros en aquellas que han sido intervenidas por el Estado.

En la reforma se incluye también la posibilidad de que el FROB contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.

De Guindos anunció además una simplificación en la estructura organizativa de las cajas de ahorros, y que aquellas que estén desprovistas de su negocio financiero no pasen a ser fundaciones dependientes de las Comunidades tan fácilmente. En cuanto a las fusiones, aquellas entidades que decidan participar en ellas tendrán dos años para adaptarse al nuevo marco (previa presentación de un plan de viabilidad y un compromiso de concesión de crédito).

Todas estas medidas giran en torno a un eje estructurador: un colchón de hasta 52.000 millones de euros con el que deberá contar cada entidad para cubrir los riesgos, tanto los actuales como los hipotéticos, y que deberá salir de los beneficios que los bancos obtengan este año.

El 9 de marzo se aprobó también el denominado "código de buenas prácticas voluntario" dirigido a las entidades bancarias con el fin de plantear alternativas o "mecanismos diferentes" para evitar un desahucio, afectando "a todas las hipotecas vigentes".

Ha sido la que ha desatado un gran descontento social, que se ha traducido en dos convocatorias de protestas por todo el país (el 19 de febrero y el 11 de marzo) y que finalmente ha desencadenado una huelga general. La reforma laboral se aprobó el pasado 10 de febrero, pero ya en enero Rajoy se aventuraba a decir que esta y otras medidas no gustarían a todos y en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE asumía que la reforma laboral le iba a costar una huelga.

El punto más controvertido de esta reforma es el abaratamiento del despido: se reduce la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, mientras que la indemnización en los despidos objetivos se generaliza a 20 días por año trabajado. Este apartado ha sido especialmente criticado por los sindicatos y la oposición socialista porque en septiembre de 2011, cuando todavía gobernaba Zapatero y Rajoy era el líder del principal partido de la oposición, el PP llegó a decir públicamente a través de Twitter lo siguiente: "No pretendemos abaratar el despido, sino promover el contrato indefinido".

En el capítulo de contrataciones, el Gobierno busca la creación de empleo a través de dos nuevos tipos de contratos: un nuevo contrato indefinido con un año de prueba (exclusivo para las pymes con menos de 50 trabajadores) y el contrato de formación y aprendizaje (dirigido a fomentar la contratación de jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años), con una duración mínima de un año y una máxima de tres.

La reforma abre además la puerta a una rebaja salarial generalizada permitiendo a los empresarios modificar el sueldo de sus trabajadores sin previo acuerdo.

Otro apartado del texto es el referente al descuelgue: los empresarios que atraviesen dificultades económicas y las justifiquen podrán desvincularse del convenio que regule su sector y decidir las nuevas condiciones de trabajo.

Sobre las indemnizaciones a los directivos de las entidades financieras, el texto contempla que aquellos que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización, al tiempo que se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos.

Por último, otra de las medidas más destacadas que incluye la reforma es la que trata el tema de los ERE: las sentencias sobre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo cuando afecten a menos de 50 trabajadores.

Otras iniciativas económicas controvertidas como el copago sanitario han quedado en el tejado de las comunidades autónomas, embarcadas en la misma crisis y obligadas a recortar sus gastos incluso con más premura que el Gobierno central.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido el encargado de anunciar en enero todas las medidas referentes a la reforma del sistema judicial en España, calificadas por la oposición parlamentaria como "contrarreformas".

Es un sistema de copago en la justicia. Gallardón anunció la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles: "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", explicó Gallardón en su día.

En línea con las penas que existen en otros países europeos, el Gobierno anunció que estudiaría la posible instauración de la "pena de prisión permanente revisable". Se trataría de una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Esta modalidad supone condenas a prisión indeterminadas que son revisadas cada cierto tiempo, dependiendo de cada legislación.

Se anunció como parte del paquete de reformas en la justicia española. Afectaría a aquellos casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores para que todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tampoco dejó indiferentes a los parlamentarios con sus proyectos para eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía o reformar la secundaria y bachillerato.

Wert anunció el pasado 31 de enero la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía a cambio de una "asignatura de Educación Cívica y Constitucional". El temario de esta nueva materia, según el ministro, estará "libre de cuestiones controvertidas", ya que a su juicio Educación para la Ciudadanía (aprobada por el Gobierno socialista) iba "más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa".

Se mantendrá la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años, pero con cambios: se reduce a 3 años la ESO (desaparece 4º de ESO) y se amplía el Bachillerato y FP un año más, hasta tres.

Esta reforma obliga a los alumnos a elegir cuando concluyan 3º de ESO entre dos caminos: FP o Bachillerato. A partir de ahí, realizarían un primer curso obligatorio dedicado a la "orientación" de los alumnos a la FP o la "continuación" de los estudios de Bachillerato.

El Ministerio de Educación derogó en febrero los temarios para las oposiciones del profesorado de educación pública que llevaban vigentes desde el mes de enero (y que habían sido publicados en noviembre por el anterior Gobierno socialista) por razones "objetivas" y de "interés general", y restableció los anteriores (de 1993 y 1996) "provisionalmente".

Gallardón anunció también en enero un cambio en la Ley del aborto, que exigirá que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. La reforma supone un cambio sustancial respecto a la legislación existente sobre el aborto, vigente desde julio de 2010: hasta ahora, se había establecido el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o de graves anomalías en el feto. Según el titular de Justicia, la reforma defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Sobre esta reforma, el ministro Gallardón llegó a decir que iba dirigida "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad", puesto que existe "violencia de género estructural contra la mujer embarazada".

La marea de ajustes económicos y de reformas ha eclipsado otros asuntos, que no por ser menos importantes, quedaron relegados a un segundo plano.

Rajoy ha dado vía libre a la denominada Ley Sinde con la aprobación del Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, un texto que el Gobierno socialista dejó sobre la mesa por falta de acuerdo. El Gobierno justifica haber aprobado esta medida para proteger los derechos de los creadores frente al "expolio" de las páginas de Internet de descarga de contenidos.

Además, han suprimido el canon digital para sustituirlo por un sistema de compensación por copia privada.

Uno de los puntos que incluía el programa electoral del PP pasaba por el desarrollo de una ley para privatizar las televisiones autonómicas. El 1 de marzo, un día después de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, Wert apostaba por una nueva regulación para los sectores del cine y de la televisión basada en el beneficio mutuo y equilibrado.

Por ello, el ministro dijo que se revisaría la Ley del Cine y se combinarían las ayudas directas, "que no desaparecerán", con la promoción de nuevos modelos de negocio.

La Ley de Mecenazgo fue anunciada el 2 de febrero por el ministro Wert. Se trata de una norma de la que todavía no hay medidas concretas, pero que el Gobierno considera "mucho más decidida en el volumen de las ayudas" para "quienes se interesen en estas industrias produciendo y colaborando en las distintas fases del producto".

También ha anunciado la colaboración con las Comunidades para la "puesta en valor de la tauromaquia" y de los toros y una extensión de la ayudas de Cultura a las asociaciones relacionadas con el mundo del toro.

Se trata de una promesa electoral de Rajoy cuyo anteproyecto de ley se aprobó el pasado 23 de marzo. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal (no afecta, sin embargo, a la Casa Real).

En concreto, esta ley establece un código de conducta a los dirigentes con duras sanciones si no se cumple y un baremo público por el que se fijará un límite de sueldo a los alcaldes, entre otras medidas. Además, los altos cargos de la administración no podrán aceptar regalos que superen los "usos habituales, sociales o de cortesía", ni favores o servicios que condicionen el desarrollo de sus funciones.

Esta norma posibilita a cualquier ciudadano requerir todo tipo de información que repercuta en el funcionamiento de las administraciones públicas. El texto está ya disponible en Internet y desde el pasado lunes se ha abierto un plazo de 10 días para que los ciudadanos hagan sus aportaciones al reglamento.